Nunca antes en la historia del país se había visto que un partido oficial estuviera en riesgo de derrumbarse apenas 14 meses después de haber llegado al poder. Sus antecesores habían sufrido el natural desgaste político y mostraban signos de cansancio o fragmentación al final del cuatrienio o posteriormente se escindían, como ocurrió con el FRG, UNE y PP, entre otros. Sin embargo, el Frente de Convergencia Nacional (FCN) afronta una seria crisis institucional que lo ha llevado a la casi inmovilidad en la labor legislativa de apoyo al presidente Jimmy Morales. Esa agrupación está más interesada en impulsar iniciativas opacas que le permitan sobrevivir y salvarse de la catástrofe que toca a sus puertas, que en respaldar al gobernante. Este naufragio es la consecuencia natural de un grupo sin estructura partidaria ni cuadros, mucho menos una ideología definida, y cuyo único fin es rentabilizar su acceso al Estado.

No habría mayor afrenta para el partido de gobierno que ser cancelado como le ocurrió al PP y Líder. La agrupación que difundió el lema “Ni corrupto ni ladrón”, esconde las fuentes de su financiamiento y cuánto recaudó en la campaña proselitista del 2015, por lo que el Tribunal Supremo Electoral lo denunció ante el Ministerio Público. Si el FCN desapareciera como partido, no solo dejaría de existir como bancada en el Legislativo, sino que perdería el control de nueve comisiones de trabajo, entre ellas las estratégicas de Finanzas y Derechos Humanos. Por ello, ese partido ha intentado revertir las sanciones contra los diputados tránsfugas que ahora no pueden presidir salas ni integrar la Junta Directiva del Congreso. Si lograra su propósito, el FCN retendría el poder en el hemiciclo y el control de las comisiones, a costa del retroceso de la lucha contra la impunidad en el Legislativo.

Si ya era un serio problema de desprestigio tener en sus filas a 11 diputados con procesos de antejuicio en marcha, el FCN carga con otras tres manchas difíciles de limpiar. El asesor presidencial Armando Melgar Padilla habría dirigido una red clandestina de espionaje de civiles desde la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Se sabe que el propio presidente habría intervenido para que Melgar Padilla fuera cobijado en la bancada oficial para conseguir la inmunidad parlamentaria. El MP señala al también diputado oficialista Julio Antonio Juárez por el asesinato a balazos de los periodistas Danilo Sapón López y Federico Salazar, ocurrido en marzo del 2015. El ente investigador indica que el parlamentario estaría relacionado con una estructura criminal dedicada al sicariato. Pero el golpe más demoledor vino después: el coronel Édgar Justino Ovalle, fundador del FCN y subjefe de la bancada oficial, ha sido declarado prófugo de la justicia ya que desapareció como por arte de magia, luego de conocerse la orden de captura en su contra por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.

No es de extrañar que estos hechos causen zozobra en el presidente Morales que ha ido perdiendo el respaldo de una bancada poderosa como la que soñó con la incorporación de 26 tránsfugas. Se ha vuelto más huraño y guarda mutis sobre esta situación escandalosa. Su soledad pareciera ampliarse por las pesquisas contra elementos de su círculo más cercano, como su amigo y asesor Melgar Padilla. Si ya la persecución contra su hermano y su hijo habían alejado a Jimmy Morales del MP y la Cicig, la orden de captura contra su mentor, el coronel Ovalle, probablemente hagan que ese abismo se profundice. El mandatario quizá nunca pensó que la Presidencia llegara a representar una carga tan pesada, pero el problema no es tanto el puesto, sino la gente con la que el gobernante se ha rodeado.