El 2017 está en la ruta de convertirse en el año más nefasto en la historia de los centros de privación de libertad o de albergues a cargo del Estado para la protección de menores en conflicto con sus propios familiares, como lo ejemplifica la reciente tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El trágico y ruidoso motín registrado ayer en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II, conocido como Gaviotas, de la zona 13 capitalina, que también está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, se produjo posteriormente a la localización de dos cadáveres, colgados de sábanas, de otros dos internos en ese correccional.

El desenlace pudo ser dantesco porque la situación estuvo a punto de convertirse en una fuga masiva, ya que los internos tuvieron demasiado tiempo para operar a sus anchas, al punto de que rebasaron con bastante facilidad el centro de privación de libertad y recorrieron los techos de bodegas vecinas y hasta de viviendas cercanas al lugar, con el consiguiente riesgo para sus moradores.

Por pura suerte, las cosas no pasaron a más y la oportuna intervención de la Policía Nacional Civil finalmente permitió controlar la situación y la captura de varios de los jóvenes que se habían escapado. La indignación de la ciudadanía fue patente a través de las reacciones en redes sociales, pues el sentimiento de frustración se combinaba con una exigencia de más y mejores protocolos de seguridad.

Este nuevo hecho pone sobre el tapete la necesidad de no abordar la problemática carcelaria desde la simple óptica de la reinserción, pues resulta obvio que ese no es el único factor y también podría tratarse de una mezcla de negligencia, irresponsabilidad y corrupción, como ocurre en casi todas las dependencias que quedan a cargo de instituciones con poca o nula capacidad o conocimiento para manejarlas.

Quienes dirigen la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, y más específicamente quienes tienen a su cargo esos centros de detención para jóvenes, evidencian carecer de la experiencia y la preparación necesarias para asumir esas tareas, que ya no tienen que ver solo con la reorientación o la inserción, pues la mayoría de reclusos en estos lugares han cometido delitos graves.

Esto plantea la necesidad de que las soluciones se integren con una visión multisectorial, en la que también debe existir un fuerte componente de seguridad. En esto es prácticamente nula la participación de autoridades de Gobernación, porque en lo que va del año se han registrado hechos trágicos y violentos en ese mismo reclusorio y en otros con características similares, como ocurrió en marzo pasado, en San José Pinula, donde murieron cuatro funcionarios.

Otro factor, que depende más del Organismo Judicial, es la permanencia de mayores de edad en las correccionales, debido a que cumplieron los 18 años bajo una condena por delitos que cometieron cuando eran menores, situación que debería estar prevista en los protocolos de manejo de condenas y centros de cumplimiento de sentencia; no obstante, aún se encuentran allí y su presencia salta a la vista cuando suceden motines como este.