La solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y la diputada Nineth Montenegro vuelve a poner en primer plano el delito de financiamiento electoral ilícito que afecta a la clase política del país. Esta es la segunda vez que el mandatario enfrenta tal petición que debilita aún más su imagen de aquel outsider que se promocionaba como “ni corrupto ni ladrón”, y que ha necesitado del voto de los diputados más corruptos para evitar ser investigado. La novedad ahora es la inclusión de Montenegro en el grupo de quienes han utilizado el financiamiento electoral anónimo en sus campañas proselitistas. Al igual que el oficialista Frente de Convergencia Nacional, ahora Encuentro por Guatemala también tiene sobre sí la posibilidad de ser cancelado como partido político, debido a estas irregularidades, que constituyen delitos electorales.

La petición presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la impunidad (Cicig) representa un fuerte impulso para la fiscal general Consuelo Porras, en momentos en que su figura era cuestionada porque se consideraba que había tomado distancia de su antecesora, en materia de combate contra la corrupción. Sin embargo, Porras no solo retomó el antejuicio contra el presidente, sino que derribó un ícono de la transparencia, como era vista la diputada Montenegro, al vincularla a un caso de financiamiento electoral ilícito y de llevar a cabo actos tendientes a obstaculizar la fiscalización del Tribunal Supremo Electoral. Esta jugada maestra deja a la jefa del MP en una inmejorable posición de tener independencia en sus investigaciones, algo que ojalá se consolide en nuevos casos que se den a conocer.

En una situación diferente se encuentra el presidente Morales porque vuelve a ser cuestionado, esta vez por una fiscal que él mismo eligió, por lo que no puede alegar diferencias de carácter político o enemistad. Lo mejor que podrían hacer la bancada oficialista y sus aliados en el Legislativo es permitir que el mandatario sea investigado, porque repetir el expediente de bloquear el retiro de la inmunidad solo debilitará aún más a Morales. Tanto a nivel nacional como internacional ha quedado cuestionada la figura presidencial porque se ha intentado evitar que el MP pueda hacer su trabajo para verificar si hubo o no financiamiento electoral ilícito por parte del FCN en las pasadas elecciones. La actitud agresiva de Felipe Alejos, vicepresidente del Congreso, de asegurar que se compromete a evitar que se dé luz verde al retiro de la inmunidad presidencial, en nada favorece a Jimmy Morales, porque proviene de un diputado que enfrenta un proceso de antejuicio por el caso Traficantes de influencias. El mandatario podrá de nuevo ser salvado por los diputados corruptos, pero a costa de recibir más lodo sobre su imagen.

En el caso de Nineth Montenegro, que lleva 22 años como diputada, la petición de antejuicio es un duro golpe a su credibilidad y al proyecto político que comenzó a desarrollar con vistas a las próximas elecciones. En los últimos meses ha estado involucrada en la estructuración de una alianza para llevar como candidata presidencial a la exfiscal Thelma Aldana. El solo hecho de estar vinculada a alguien con petición de antejuicio o ser promovida por un partido con riesgo de ser cancelado determinaría que Aldana deba buscar otra opción política. Del lado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) también hay serios señalamientos de InSight Crime sobre que recibió financiamiento por parte de los zetas para apoyar la candidatura presidencial de Álvaro Colom, en el 2007. En este caso, es necesario que el MP y la Cicig investiguen a fondo para determinar la veracidad de tales hechos.

@hshetemul