Mientras se desarrolla la tormenta mediática derivada de la renuncia de María Eugenia Villagrán al cargo de procuradora general de la Nación, surgen varias dudas sobre el futuro de casos claves que la representación legal del Estado encaminó recientemente. Villagrán deja el cargo porque, según sus palabras, se siente amenazada y se irá al exilio.

La incertidumbre que deja su partida obedece a la poca confianza ciudadana en las actuaciones de las autoridades ante casos delicados como TCQ. Si la aún procuradora accionó legalmente para anular el contrato con la empresa española Terminal de Contenedores de Barcelona, levanta suspicacias una reunión entre el presidente Jimmy Morales y los actuales propietarios del contrato, la naviera holandesa Maersk.

Según el mandatario, se busca un arreglo para resolver el problema. Sin embargo, no hay forma posible, porque el contrato es nulo y esa afirmación presidencial provocó que la UNE plantee una moción de retiro del antejuicio. Esto sería posible en parte por la falta de apoyo de la bancada oficialista. Por eso, Morales debe explicar públicamente por qué actuó como lo hizo.

Un caso similar es el del muelle de Puerto Barrios, otro polémico arreglo suscrito de manera oscura entre Ferrovías —cuando era mayoritariamente privada— y Cobigua —hoy Chiquita Brands—. Por coherencia legal, este proceso también debe seguir el rumbo anunciado por la procuradora saliente y anular el contrato, por haber causas mucho más graves. Por ejemplo, que en Puerto Barrios fue arrendado un bien público entre dos entes privados que no son propietarios ni cumplieron con la Ley. Si este contrato no se anula, se pueden producir ilegalidades similares, con el pretexto de la costumbre.

Otros temas como la revisión de otros contratos de usufructo autorizados en ambos puertos, o la denuncia contra pactos colectivos de los sindicatos públicos, integran la pesada carga que le tocó manejar a la procuradora. A salvo de cualquier contingencia parecen estar los procesos contra la red de defraudación aduanera La Línea, los Traficantes de la Salud y otros casos similares, en los cuales hay implicados exfuncionarios como Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Todos estos ya van en una frase procesal muy adelantada como para que pierdan sustancia.

Los funcionarios y el mismo presidente Morales deben comprender que por distintas circunstancias quedaron al descubierto varios negocios turbios. Su deber es actuar y buscar las sentencias anulatorias correspondientes dentro de lo legal. El Gobierno está obligado a resguardar los intereses de los ciudadanos, recuperar ambos puertos, revisar los leoninos pactos colectivos y no permitir que la PGN cambie de rumbo en casos como La Línea.

Inadmisible y catastrófico sería que cuando llegue el relevo de la procuradora Villagrán la visión de los intereses del Estado cambiara y se abandonara la defensa que hasta ahora avanza en la dirección correcta. Esa sería la verdadera y más grande debacle del régimen a solo poco más de cien días. Con la reunión Morales-Maersk cae una inevitable sombra de duda sobre la persona que sea nombrada en sustitución de la licenciada Villagrán.