Continúa la acumulación de argumentos muy válidos en detrimento de la imagen del presidente Jimmy Morales, quien no cesa en sus constantes, casi cotidianas, muestras de estulticia y de abuso de poder en favor de gente oscura cercana a él y de los fundadores y dirigentes del partido que lo llevó al poder.

En una nueva muestra de impericia inaceptable, ayer se conoció que el 10 de mayo le perdonó el 95 por ciento de una multa de Q7.5 millones a una empresa de seguridad, propiedad de un personaje cercano a él, que había sido intervenida por la Superintendencia de Administración Tributaria por el delito de defraudación al fisco.

Esta decisión envía un pésimo mensaje a los contribuyentes y a los empresarios honestos que tratan de cumplir con sus obligaciones. Quienes se erigen como ejemplo de irrespeto a las leyes pueden encontrar en el recurso de la gracia presidencial una vía para una burla a las leyes, sin que a nadie cercano a Morales le importe acrecentar la percepción sobre la absoluta y constante falta de criterio en las más altas esferas oficiales.

Es intolerable que quienes irrespetan las normas encuentren abrigo en alguien que envía el inconfundible mensaje de que las leyes se pueden violar y que también se puede estafar al Estado, a sabiendas de que quedarán impunes, porque desde las más altas esferas del Gobierno se puede tirar a la basura cualquier esfuerzo por frenar el intolerable tráfico de influencias.

Jimmy Morales tiene la obligación moral de dar a conocer públicamente los motivos de esa medida, porque las explicaciones aderezadas de la proverbial estulticia de su vocero solo abonan en acrecentar los rasgos caricaturescos de una administración que no deja de dar muestras de ineptitud. Bajo ese criterio cualquier contribuyente debería tener las mismas posibilidades de recibir la gracia presidencial en materia tributaria.

El perdón del mandatario a un mal tributante se traduce en un golpe bajo a la moral de los contribuyentes, por ser esta una medida aislada que no forma parte de un plan más amplio de búsqueda de recursos, sino que constituye un burdo y perverso favor para los amigos.

Este perdón se agrava porque la Empresa de Seguridad Particular Elite, S.A., simuló adquisiciones y gastos inexistentes para defraudar al fisco, pero además uno de sus representantes es César Cabrera Mejía, un militar procesado por el caso de desapariciones forzadas conocido como Creompaz, por el cual también se encuentra prófugo el teniente coronel Justino Ovalle, fundador del partido que llevó al Gobierno a Morales.

No tiene sentido que la SAT combata la defraudación tributaria si al final existe la figura todopoderosa de un presidente ansioso por conceder favores a cambio de agenciarse lealtades, que en todo caso solo abonan en el bochorno y en la inmoralidad.

Morales debe abstenerse de inmiscuirse en procesos que son ajenos a su cargo y los privilegios que le proporciona su investidura deberían estar destinados para casos que ameriten su intervención, no para continuar dilapidando su propia imagen. Con ejemplos como estos, sus diatribas contra la prensa independiente caen en el ridículo o en el descaro.