Con motivo del bicentenario de la Independencia de Guatemala 1821-2021, se examina la experiencia de la transparencia en la  lucha contra la corrupción. Ha sido en los últimos años que creció en forma vertiginosa.

La Lección Inaugural 2018 en la Universidad del Istmo de Guatemala, por la Dra. Reyes Calderón Cuadrado, lleva por título La experiencia de la transparencia. El rol de las empresas y la industria en la lucha contra la corrupción. Seguidamente un extracto de la misma.

¿De qué hablo cuando hablo de corrupción? Implantar un sistema de transparencia y buen gobierno no es tarea fácil, como tampoco lo es ser honesto en la vida profesional, o ser fiel a los compromisos personales voluntariamente asumidos. Para ello, además de un escenario que lo permita, hace falta contar con una firme voluntad y, además, saber hacerlo.

La ola de globalización va a dotarnos de bases jurídicas compartidas y desarrolladas, de fiscalías especializadas y de cuerpos policiales trasnacionales; de periodistas, analistas, inversores y ciudadanía decididos a denunciarlo y con la revolución digital ofreciéndonos datos a tiempo real. En suma, vamos a contar con un escenario propicio

Nos faltan los dos elementos restantes. Desde luego, el más importante es la voluntad, pero voy a comenzar por el proceso. Porque, si bien cada uno de nosotros tiene una idea intuitiva, teórica y ojalá no práctica, de lo que la corrupción implica, se trata de un fenómeno muy complejo. Un país con corrupción sistémica puede equipararse a un paciente con un grave fallo multiorgánico: padece simultáneamente procedimientos burocráticos opacos, políticos que no son servidores públicos sino privados, inconsistencias judiciales y debilidad legislativa, cultura aborregada, ausencia de control, algunos empresarios rapaces, deshonestidad general y un largo etcétera. En ese maremágnum de síntomas, no resulta fácil saber por dónde empezar y cómo el medicamento que soluciona la afección del corazón, va a afectar al riñón o al hígado.

Llevo tiempo estudiando el fenómeno y debo confesarles, con toda humildad, que aún soy incapaz de definirlo. Quien se apreste a luchar contra la corrupción debe saber que combate un enemigo sinuoso, un monstruo de cinco cabezas que, como en la antigua mitología griega, dobla su poder cuando una de ellas es cortada. Matarlo exigiría depurar simultáneamente sus cabezas política, económica, judicial, cultural y ética. Ante tanta complejidad, en vez de intentar definirlo, yo me conformo con un sistema de mínimos: es decir, con describir los elementos indispensables para que una acción o un actor puedan considerarse, en sentido estricto, corruptos.

Permítanme el símil: en una novela negra no pueden faltar cadáver, arma y asesino; en un caso de corrupción necesitamos, al menos, un corrupto potencial, dinero extra y sensación de impunidad. Por expresarlo con mayor precisión: en un acto de corrupción deben concurrir simultáneamente tres elementos: un poder discrecional capaz de ser mal usado —la oportunidad—; unas suculentas rentas asociadas a ese mal uso —el beneficio— y una baja probabilidad de ser detectado o castigado —el bajo riesgo— (Cf. Jain, 2001; Argandoña, 2001).

Un acto corrupto nace cuando se delega a una determinada persona la capacidad de asignar discrecionalmente un recurso con valor económico, por ejemplo, la facultad que se concede a un funcionario público de asignar licencias o contratos, o al responsable del departamento de compras de seleccionar una lista de proveedores. Delegar el poder no es malo o bueno, se trata de una necesidad en las instituciones modernas y las organizaciones complejas. No es en sí un problema.
 
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