Con el abrumador voto del Congreso para despojar de la inmunidad a la magistrada Blanca Stalling se abre la remota posibilidad de que finalmente penetre en los estamentos de poder el mensaje de que la corrupción y la impunidad le ocasionan un enorme daño a los guatemaltecos.

La decisión fue la correcta, y pese a votos en contra de diputados cuestionados y de otros que también participan en una sorda campaña por frenar esos avances, las evidencias eran suficientes como para que el Congreso simplemente cumpliera el trámite de enviar al Organismo Judicial el expediente, para que sean los entes jurisdiccionales los que se encarguen de esclarecer las sindicaciones que hacen el Ministerio Público y la Cicig.

Por eso es que en este caso no caben las protestas ni rasgarse las vestiduras por parte de quienes se oponen al avance de los esfuerzos en contra de la impunidad, porque para el Congreso era apenas un trámite que, de no haberse cumplido, sí podría haber creado un escenario más complejo, pues habría enturbiado un poco más la actual imagen del Parlamento.

Sin embargo, los diputados no son los únicos que han hecho una lectura adecuada de la coyuntura, ojalá que no sea pasajera, y ayer el pleno de la Corte Suprema, al momento de proceder a la elección de un nuevo presidente, aceptó la propuesta de la magistrada María Eugenia Morales Aceña de hacer público el evento, y con el aval de todos se procedió en tal sentido.

Al final no se llegó a nada, porque dos rondas de votaciones arrojaron idéntico resultado y por un voto no se consolidó la victoria del magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez, célebre porque cuando se desempeñaba como juez noveno de Primera Instancia Penal fue el responsable de suspender un proceso por robo de vehículos contra Juan Carlos Monzón, hoy flamante colaborador eficaz contra su exjefa Roxana Baldetti y contra el expresidente Otto Pérez Molina, sindicados por corrupción.

Pero el hecho es histórico, al haberse permitido el acceso a los medios de comunicación a la elección de una de las figuras que adquiere relevancia nacional al presidir uno de los órganos de poder más determinantes en el fortalecimiento del estado de Derecho y de la institucionalidad.

Detalle que por cierto está especificado en la actual Constitución Política de la República, que en su artículo 30 establece que “todos los actos de la administración son públicos”, pero que en muchas dependencias se obvia ese precepto y de allí que se considere que la opacidad es una de las características más distintivas de la administración pública guatemalteca.

De los dos hechos hoy comentados, puede ser prematuro pensar en un cambio de fondo a lo interno de ambos organismos, y serán los hechos en el transcurso de los siguientes días los que se encargarán de ratificar de qué lado de la historia se colocan quienes hoy tienen en sus manos enormes posibilidades de transformar este país, uno de los más castigados por la corrupción, la impunidad, los altos indicadores de violencia y las limitadas posibilidades de desarrollo.