Resultan insuficientes los calificativos para referirse al modelo vergonzoso de gestión que llevaron a cabo Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti cuando se conocen detalles de los excesos en que habrían incurrido para agenciarse de millonarios recursos a cambio de autorizar numerosos contratos a financistas de su campaña, principalmente a los ligados a la construcción de obra pública.

Aunque lo acontecido no sorprende, porque ese ha sido un modelo conocido en torno al financiamiento de las campañas electorales de los últimos 30 años, sí resulta difícil asimilar que los exgobernantes y la red que lideraban hayan recibido más de Q300 millones a través de las estrategias de expolio que expuso en su acusación la Fiscalía contra la Corrupción.

Los detalles expuestos por los investigadores del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala son convincentes, están cotejados con otras cifras, fuentes y también por la actitud ostentosa de los mismos exgobernantes, que lucían prendas de alto costo y presumían sus nuevas propiedades e incluso trataron de justificar, como fruto de ganancias de épocas anteriores, el cambio de vida que alcanzaron desde su llegada al poder.

Ciertamente, la corrupción en los últimos gobiernos ha sido patente y difícilmente alguien se pueda salvar del estigma, precisamente porque la mayoría de los últimos gobernantes simplemente han llegado a los puestos con el respaldo y el acompañamiento de financistas que aportan fondos, no como convicción política sino como inversión.

Por eso es que cuando se atiende al número de encartados y se revisa su trayectoria empresarial, principalmente la ligada a las compras y adquisiciones públicas, se pueden encontrar perfiles que han tenido sospechosa cercanía con los gobiernos recientes.

Con solo seguirle la pista al dinero de los más beneficiados con contratos millonarios en las últimas dos décadas se pueden obtener referencias claras sobre esa vieja práctica que ha convertido la política nacional en un sinónimo de corrupción y latrocinio, lo que constituye una vergüenza histórica porque es una de las mayores causas de la ruina en que se encuentran servicios esenciales como educación, salud y cultura.

Cuando se observa el entramado de la corruptela que se atribuye haber montado a Pérez Molina y a Baldetti Elías para lavar millones de quetzales, teniendo como fondo la campaña electoral que los llevó al poder, resulta lógico que el mismo aparato estatal se haya visto infestado por figuras de dudosa integridad en todas las esferas, desde los ministerios hasta agrupaciones sindicales que llegan al colmo de reclamar e interponer recursos legales para proteger prebendas ilícitas, logradas a base de oscuras negociaciones con gobernantes que actuaron de manera irresponsable.

El sistema de justicia está a prueba, pues la persecución de estas estructuras criminales, plazas y concesiones ilícitas recién comienza. Falta desarticular redes que siguen enquistadas y que utilizan a su conveniencia la apariencia de legalidad y el reclamo de derechos que quedan en entredicho cuando se vulnera el derecho de la mayoría.