Muchos guatemaltecos le temen al Estado por razones históricas. El Estado de la Colonia gobernó despóticamente a favor de un grupo de extranjeros y sus descendientes. El Estado liberal del siglo XIX introdujo reformas importantes pero a costa de las poblaciones indígenas. Luego se eternizó en el poder con las dictaduras de Estrada Cabrera y Ubico. Las dictaduras militares que gobernaron entre 1970 y 1985 fueron responsables de asesinatos y masacres.

Pero ahora no es correcto aprovechar esa desconfianza del Estado para reducir su efectividad como quisieron hacer con el Ministerio Público: imponerle un consejo de notables y una autorización previa de jueces para limitar la autoridad de la fiscal general. La respuesta ante estados despóticos en el mundo entero ha sido luchar por la independencia y el fortalecimiento del poder judicial y, más ampliamente, por la independencia y balance entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Inglaterra lo hizo gradualmente y los Estados Unidos lo lograron con su independencia y una Constitución que fue el primer ejemplo explícito y claro de la independencia de poderes.

Eso era lo que se había ganado con el establecimiento de un régimen democrático y republicano en Guatemala en 1985. Lamentablemente se pervirtió ante la descomposición de la clase política guatemalteca. Sumémosle la ausencia de un sector empresarial ilustrado con fuerza para luchar a favor de la independencia efectiva del poder Judicial. Tampoco tuvimos un sector empresarial con el valor para lanzarse a la lucha política para competir abiertamente dentro del marco de nuestro régimen democrático, como lo hizo Arena, en El Salvador. En Guatemala los grandes empresarios prefirieron cogobernar desde la sombra mediante controles impuestos a un poder Ejecutivo débil y a través de su influencia en el sector Judicial. Incidieron en el Congreso mediante un financiamiento ilegal de los partidos políticos, denunciado recientemente en un informe de la Cicig.

Ahora tratan de generar miedo ante un Estado supuestamente omnipotente y exigen que la SAT esté sujeta a controles, los suyos, para evitar que tenga los “dientes” para efectivamente poderles cobrar impuestos a los grandes empresarios. Y plantean que la SAT, como las empresas privadas, debe estar sujeta a un consejo de administración, como si fuera una empresa con accionistas. Olvidan que el directorio de la SAT no funcionó, que el Estado y la empresa privada tienen objetivos y estructuras diferentes. Olvidan que estamos en un régimen republicano, con balance de poderes, con un Congreso que debe fiscalizar y con un sistema Judicial fortalecido que está allí para evitar, precisamente, los abusos del poder Ejecutivo.

El juicio de numerosos funcionarios de la SAT es clara evidencia de que el sistema Judicial, con un MP fuerte, tiene la capacidad para evitar los abusos del poder Ejecutivo. A ello se agregan el creciente protagonismo de entidades como la PGN y la Contraloría General de Cuentas, que también pueden evitar los excesos del sector ejecutivo, además de los servicios de auditoría interna que deben funcionar en cada entidad estatal. No le tengamos miedo al Estado. Sujetémoslo a la ley. Sobran las acciones corporativistas que buscan establecer multitud de controles con influencia gremial, como las comisiones de postulación, y como el consejo o directorio con injerencia privada que se le pretende imponer a la SAT. Démosle autoridad a una nueva SAT para que pueda hacer bien su trabajo: sujetémosla a la ley y no a los gremios.

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