El fin de semana fue de nuevo trágico para el gremio periodístico. A los ocho comunicadores que han perdido la vida en el transcurso de este año, se suma el asesinato del periodista Hamilton Hernández Vásquez, cuyo cuerpo fue encontrado, junto al de su esposa, por un grupo de vecinos en una ruta del municipio de Coatepeque, la madrugada del domingo 6 de noviembre. El colega laboraba como reportero del segmento Punto Rojo, transmitido en el canal 5.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se supone que el hecho tuvo que ver con un robo, sin embargo, los cadáveres presentaban el tiro de gracia, que no es una característica de quienes cometen esos ilícitos.

Una alerta roja hemos emitido las asociaciones de prensa. Numerosas entidades hermanas de América Latina y otros sectores se han solidarizado con el gremio periodístico que resiente la pérdida de elementos de la prensa. Hay hechos sumamente preocupantes y podría uno aventurarse a decir que hay un patrón en esas muertes violentas.

Todas, salvo la de la compañera comunicadora social del Hospital San Juan de Dios Ana Leonor Guerra Olmedo, quien fue vilmente asesinada por un sicario en la capital, el primer crimen cometido en esta ciudad desde hace muchos años, los demás han ocurrido en los departamentos, lo que confirma la hipótesis que hemos sostenido desde este espacio, que quienes ejercen en el área rural son los más vulnerables a sufrir la forma más extrema de afectar al gremio, que es el asesinato.

Es un hecho notorio que el país está infestado de crimen organizado y de narcoactividad. Que esos poderes paralelos han tomado control en varios lugares del país. La población vive en constante zozobra. El miedo es la sombra que persigue a quienes carecen de posibilidades de pagar seguridad privada. En los departamentos la situación es más peligrosa.

El caso del periodista Hamilton es el tercer ataque que ocurre en el municipio de Coatepeque, en donde otro periodista fue asesinado y uno más quedó herido. En abril, en esa misma localidad, el periodista Omar Cabrera fue víctima de un intento de asesinato, hecho por el cual le amputaron un dedo; posteriormente, en junio, fue ultimado Álvaro Alfredo Aceituno López, Director de Estéreo Ilusión, un caso verdaderamente trágico pues pocas semanas después su hija Lindaura Aceituno también perdió la vida de forma violenta.

Varias de las víctimas laboraban en radios. Algunos no transmitían programas de noticias. Todos los expedientes están en investigación y según se nos ha informado, algunos se encuentran bastante adelantados.

Desde el año 2000 a la fecha 29 periodistas han sido asesinados. Solo un caso ha sido resuelto. La presa de expedientes en la Unidad Fiscal ha provocado que no se haya judicializado los casos, lo que es indispensable para el combate a la impunidad de crímenes contra Periodistas. Imprescindible es también determinar el móvil de los hecho pues probablemente no todos tienen relación con el ejercicio periodístico, lo que debe ser determinado por el ente investigador.

La Fiscal General, Thelma Aldana, anunció la restructuración de la Unidad de Delitos contra Periodistas, el incremento de personal y que se mejorará la calidad de investigación; también anunció la creación de una Unidad en Quetzaltenango. Como gremio reconocemos y valoramos altamente la preocupación de la Fiscal por la atención de estos casos.

Sin embargo, el combate a la impunidad debe ser una estrategia integral, así lo entendemos las entidades que constituimos la alianza de organizaciones gremiales, que ha propuesto al Presidente un Programa de Protección a Periodistas, cuya institucionalización es urgente; la propuesta incluye medidas de prevención para evitar hechos irreversibles.

Mi solidaridad con la familia y mis condolencias a los colegas de Quetzaltenango.

iliaalamilla@gmail.com