En esto de fortalecer la democracia y profundizarla hay un tema que está pendiente. No es el único, pero sí uno de los más importantes. Y tiene que ver con los derechos a la información y a la libertad de expresión o con los derechos a la comunicación —como actualmente se conocen—, que pertenecen a la ciudadanía en su conjunto, y no son exclusivos de periodistas, directores o dueños de medios.

Estos derechos se ven atropellados con la existencia de monopolios y oligopolios mediáticos que impiden la pluralidad de la información y el contraste de ideas, enfoques y perspectivas y que transmiten una versión homogénea de la realidad, desde una muy particular forma de entenderla, que se asemeja muchísimo a la manera en que la ven y la entienden los sectores de poder en el país. Relación inversamente proporcional cuando se trata de los pueblos indígenas, de los sectores menos favorecidos o de perspectivas ideológicas progresistas.

La semejanza no es casual, el acceso a las frecuencias radioeléctricas (de radio y televisión) está sujeto a la disponibilidad económica de los ofertantes, porque las mismas se otorgan exclusivamente a través de una subasta pública, en la que se deja fuera al grueso de la población que no tiene los recursos para “competir”. El problema se profundiza aún más con la decisión de nuestras autoridades políticas de renovar las concesiones de manera automática, como si se tratara de algo sin importancia y no de un elemento sustancial que tiene un impacto directo en la calidad de la democracia. Y si a esto se le suma la pérdida millonaria para el Estado, que no recibió un solo centavo por la renovación, la ecuación es un pierde-pierde por donde se vea.

El monopolio de la televisión abierta es la expresión más grotesca de la concentración de la propiedad mediática, y su influencia en la vida política nacional —y en los resultados electorales— deslegitima el sistema. Siendo que los canales abiertos están al alcance de casi toda la población (porque no se paga por recibir su señal) la mayoría de la gente tendrá acceso a una agenda informativa limitada, de acuerdo con las decisiones e intereses del dueño y señor de los canales.

Por eso no es fortuito que en el caso Cooptación del Estado aparezca como un elemento central el financiamiento electoral ilícito que el monopolio televisivo otorgó al Partido Patriota. Y tampoco extraña el trato complaciente —disfrazado de cobertura informativa— que los canales ofrecen a los partidos políticos, sobre todo a aquellos con mayores posibilidades de ganar o mantenerse en el poder (la municipalidad capitalina, por ejemplo).

La concentración de las frecuencias en oligopolios radiales tiene también un devastador efecto en la construcción de una agenda mediática plural e incluyente y en el derecho de la población guatemalteca a informarse de manera amplia y sin censura. Existen temas, actores, sectores y pueblos invisibilizados y coberturas noticiosas que dejan fuera —de manera deliberada— enfoques y perspectivas que cuestionan el estatus quo o plantean una manera distinta de ver y entender la realidad. Lo más grave es cuando los medios son utilizados para promover campañas de criminalización hacia distintos sectores, utilizando la influencia que tienen sobre la opinión pública.

La concentración en la propiedad de los medios es un grave obstáculo para la consolidación de la democracia y el estado de Derecho. Es momento de debatir su democratización y los mecanismos de acceso que garanticen un abanico amplio y representativo de la diversidad de nuestra sociedad.

@MarielosMonzon