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LUEGO DE VARIAS DECENAS de años de total ocultamiento del enramado de las acciones de los funcionarios y de las empresas proveedoras del Estado para la contratación de bienes y servicios, los guatemaltecos ahora se han confrontado con la comprobación de una realidad sospechada y rumorada desde una también muy larga cantidad de tiempo. Fueron necesarios los oficios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para iniciar esta etapa actual de enjuiciamientos e investigaciones de quienes se han aprovechado de sus puestos a fin de enriquecerse. No es extraña la decisión de revisar los contratos, porque en estos se puede esconder la corrupción.

DENTRO DE ESA LÍNEA de pensamiento, encajan de manera positiva las intenciones de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas para analizar los usufructos en los cuales tenga alguna participación la Empresa Portuaria Quetzal. Algo parecido se puede indicar en el caso de la revisión de los contratos suscritos en el aeropuerto La Aurora, convertido en una pésima puerta de entrada al país, y en los contratos relacionados con el usufructo de los muelles de Puerto Barrios. Es importante señalar, eso sí, la necesidad de cumplir con todos los requisitos legales, para la acusación y para la defensa. Se dificulta a causa de la realidad jurídica nacional.

EN EL IMAGINARIO DE LOS guatemaltecos ya se considera no solo necesaria sino impostergable la realización de estas tareas. En cierta forma se puede considerar como el inicio del fin de la certeza de la impunidad, una de las causas más evidentes de la manera como se multiplicó exponencialmente la corrupción en el país. Después de tantos años de la ya mencionada certeza de la impunidad, el aparecimiento de numerosos casos debe verse como un factor positivo, porque conocer y confirmar la sospechada realidad es el primer paso en firme. Para no detener la marcha, el único remedio es mantener la presión social a través de apoyar a los jueces valientes.

Autopistas positivas

LA SEMANA PASADA COMENZÓ a operar una ruta alterna entre san Miguel Petapa y Villa Nueva, con el ingrediente especial de constituir una obra hecha con capital privado, razón por la cual se debe pagar un peaje para utilizar el camino, lo cual permite al usuario decidir cuál de las carreteras utilizará, y esa escogencia se deriva de calcular el costo real de las dos opciones: una gratuita, estatal y congestionada, lo cual incide en el gasto de combustible y en el desperdicio de tiempo. Y la otra, con un mayor precio inicial, pero sin duda compensado o reducido con el ahorro de carburantes y de tiempo, como consecuencias de tener una ruta más directa.

LA SOLUCIÓN DEL ya existente problema del aumento imparable del número de vehículos del país obliga a pensar en más proyectos de ese tipo, con algunas condiciones, como un límite legal a la máxima cantidad posible de cobro, y a condicionar este a mantener la autopista en excelentes condiciones. También es necesario facilitar la aceptación de proyectos y planos —si llenan las condiciones técnicas, claro, y de trámite en el menor tiempo posible para todos los demás requisitos. El objetivo principal de esas obras es reducir el tiempo del ir o de transportar algo de un lugar a otro, porque este factor incide de manera directa en la composición de los precios de la producción nacional, aunque son parte de los costos ocultos.

OTRO TEMA AL RESPECTO de la construcción de carreteras privadas lo constituyen las obras relacionadas con los pasos a desnivel, pasarelas, etc. No es solo la cinta asfáltica, lo cual es obvio. Pero también se deben planificar las maneras como estas nuevas rutas van a encontrarse con el sistema nacional de carreteras. Por eso a mi juicio no es posible realizarlas sin tener un mutuo acuerdo con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Uno de los peores escenarios constituye el fracaso económico de una decisión empresarial de construir un camino o cualquier otra fuente de infraestructura. Pero ello no implica reconocer el valor de comenzar esta aventura financiera.

ESCRITO POR:

Mario Antonio Sandoval

Periodista desde 1966. Presidente de Guatevisión. Catedrático de Ética y de Redacción Periodística en las universidades Landívar, San Carlos de Guatemala y Francisco Marroquín. Exdirector de la Academia Guatemalteca de la Lengua.

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