La semana pasada se presentó el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2016. Su tema central es la conflictividad social que emergió luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996. Estos 20 años de período “posconflicto” se pudieron acabar con la violencia política que sacudió por casi cuatro décadas al país, con la alegría de parar un saldo altísimo en vidas perdidas, pero que también nos ha dejado el sabor amargo de la esperanza no cumplida de más y mejor calidad de vida para todos. El Informe documenta cómo, a lo largo de este período, se han ido gestando diversos procesos y situaciones de violencia y de conflicto que vinieron a sustituir la dinámica de la violencia política.

Destaca el estrecho vínculo entre una economía rentista y concentradora de los beneficios en pocas manos y una buena parte de la conflictividad que actualmente impera, y que impide que la mayor parte de la población tenga acceso a los recursos y condiciones necesarias para una vida digna. Valga recordar que en la génesis del conflicto armado estuvo también esta situación. El Informe aporta también amplia evidencia del significativo papel que juega la desigualdad en profundizar la dinámica de conflictividad. En este marco, llama notoriamente la atención que se haya reducido significativamente la clase media a lo largo del período (26% menos) y que en lugar de avanzar se ha retrocedido en indicadores que hace 20 años pensábamos se iban a alcanzar como resultado de la paz.

Esta cruenta fotografía se presentó el mismo día que se llevaba a cabo la Enade, el encuentro anual que hacen los empresarios organizados para abordar distintos temas de desarrollo. Este año fue dedicado a discutir el papel de las ciudades intermedias en el desarrollo. No pude participar en esta actividad, pero el tema me hizo recordar que cuando se hizo el esfuerzo por levantar de nuevo el Sistema Nacional de Planificación del país entre los años 2008-2011, fue con una visión que planteaba la importancia de articular una planificación multinivel (comunidad, municipio, departamento, región, país) para garantizar la integralidad y sinergia de los procesos de desarrollo, tanto en lo urbano como en lo rural, especialmente porque es en el campo donde vive la gente más pobre y excluida.

Planificar y ordenar los territorios debería servir para reducir las múltiples expresiones de desigualdad existentes. La prioridad debería ser promover la inclusión y la democracia económica, para que se reduzcan las brechas de desarrollo entre lugares poblados de distinta escala dentro de una misma jurisdicción territorial, entre municipios, entre departamentos y entre regiones. En ese marco, la dinamización de una red de ciudades secundarias puede jugar un papel clave pero concebido en el marco del desarrollo rural incluyente, respetando así la diversidad de modos de vida, la historia territorial y cultural de las personas, así como las nuevas dinámicas que se gestan y dan diversas posibilidades de cambio. La finalidad debería ser que la gente realice su derecho a no migrar. Esa libertad de NO verse forzados a dejar su lugar de origen para que sus familias no pasen hambre.

¿Hasta qué punto las reflexiones aportadas por el INDH 2016 y lo discutido en la Enade se entrecruzan y entrelazan para ofrecer alternativas para dejar de caminar en reversa? Yo diría que mucho, si lo leo desde la perspectiva de que en ambos foros se destacó que la desigualdad es el factor que opera detrás de la falta de oportunidades como de la conflictividad. Sea esta,pues, una invitación para finalmente actuar conjunto y coordinado. Ya perdimos 20 años.

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