Todos los días las autoridades de Guatemala encuentran cadáveres de personas asesinadas con armas de fuego, armas punzocortantes y otros medios igualmente mortales, utilizados por criminales de toda laya, incluidos muchos miembros de las fuerzas de seguridad oficiales, como informan las autoridades en forma periódica.

Un promedio de 16 personas es víctima de esa ola delincuencial que no puede ser detenida, en cantidad ni en calidad suficientes, no obstante los esfuerzos de las organizaciones gubernativas encargadas de proteger la vida, la seguridad y los bienes de las personas, según disponen normas constitucionales, cuyo cumplimiento parece algo imposible, en esta materia. Aquí, los asesinos y ladrones andan sueltos en todos lados.

Digo lo anterior sin desconocer el esfuerzo que hacen el Ministerio Público, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y los servicios de inteligencia de otros países, como la DEA, para combatir toda violación a la legislación penal.

Anualmente perecen en manos de homicidas 5,000 personas, lo cual indica que en veinte años han sido asesinadas en Guatemala por lo menos 100,000 personas. El ritmo de los descuartizados, hombres y mujeres, está a una tasa de seis por mes.

Hace ocho años un diplomático extranjero ofreció poner en manos del Gobierno guatemalteco el sistema que permitió a Israel terminar con los asesinatos de pilotos de autobuses en ese país y las autoridades guatemaltecas dieron la callada por respuesta.

Aquí los asesinatos de pilotos, ayudantes, propietarios y pasajeros continúan y muchos funcionarios y empleados públicos en lugar de trabajar por mejorar los niveles de bienestar de la población, se dedican a amasar fortunas personales.

Unos pocos de ellos están presos, o sujetos a largos procesos penales. La creencia generalizada es que los procesados son apenas una mínima parte de los que deberían estar en prisión. Hasta el momento, según informaciones oficiales, van 183 capturados y 583 están bajo sospecha de haber incurrido en actos de corrupción utilizando para ello los cargos públicos que les fueron confiados por elección o por nombramiento.

La semana pasada, el Ministerio Público informó que más de quinientas mil denuncias fueron descartadas. Cerca de 200,000, por iniciativa de los fiscales.

Se trata de un problema cuyas proporciones han crecido en un período de más de veinte años, que comienza en el 2004 y se prolonga hasta el 2016.

Fue en 2004 cuando se estableció que las autoridades policiales habían dejado de ejecutar 7,000 órdenes de captura ordenadas por jueces competentes, y casi al mismo tiempo se supo que de todos los casos llegados a los tribunales de justicia solo el 2 por ciento resulta en condena. El 98 por ciento queda en la impunidad.

En el primer trimestre de este año en Guatemala, repito, se produjo un promedio de 16 homicidios diarios, lo cual proyecta una cifra estimada de 5,000 homicidios por año.

Esa situación constituye uno de los motivos por los cuales Guatemala es considerada internacionalmente una república donde el crimen satura el ambiente nacional. De acuerdo con la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, la tasa mundial de homicidios intencionales es de 7,6 por cada 100 000 habitantes. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por su parte, la estima en 6,9. La de Guatemala, país capitalista y “democrático”, es del 39.49, seis veces más que la tasa promedio mundial.

En cambio Cuba con un 4.2, se cuenta entre los tres países con menos criminalidad del mundo, superada solo por Chile, con un 3.1. Argentina figura en tercer lugar, con 5.5.

La cifra récord está en Honduras con un 96.4

* En mi artículo del domingo pasado apareció, por error, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento tiene 1899 países miembros. Lo correcto es 189.