LOS CONTROVERSIALES CAMBIOS a la Constitución con el objeto de integrar al sistema legal del país han obligado a que quienes desean aprobarlos a la mayor brevedad posible y sin una seria y serena discusión de su significado y consecuencias provocaran el miércoles el empleo de una práctica dilatoria para evitar un resultado negativo. Los diputados representantes de la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido en el cual se ha centrado el apoyo a estos cambios, decidieron salir del pleno para romper el quórum cuando se dieron cuenta de no contar con los 105 votos necesarios, y por ello ahora la tregua provocada por esa medida permite reiniciar la batalla legislativa durante la sesión programada para el miércoles entrante.

EN ESTE LAPSO HAY tiempo suficiente para permitir a las partes interesadas explicar las razones de su rechazo o de su apoyo. La ciudadanía se ha convertido ahora en el blanco de la guerra de mensajes enviados por medios electrónicos, y espacios o tiempos pagados en los diversos medios de comunicación. Dos de las entidades más importantes en este asunto, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos, pueden también emplear esos pocos días no en analizar si son necesarias las reformas, porque en ello parece haber acuerdo, sino si la forma como son planteadas es la correcta y si no representan el peligro de una nueva y dolorosa división entre los guatemaltecos.

PARA LA CICIG Y LA PDH ESTO resulta crucial. Apoyar una reforma causante de divisiones y de dudas respecto a la seguridad jurídica, se convertiría en un arma poderosa y contundente para quienes adversan a ambas instituciones y por ello deben actuar con cautela y algo de astucia acerca de las intenciones fuera y dentro de la superficie. La presencia de grupos como medida de presión no la creo resultado de la decisión de Iván Velásquez y de Jorge de León Duque, ni puede ser considerada acción espontánea. La historia reciente demuestra la intencionalidad de determinados sectores cuando se realiza la práctica de enviar al Congreso a delegaciones específicas de ciudadanos. Ejemplo: el Jueves Negro, del difunto FRG.

SIENTO UNA MEZCLA DE molestia y de decepción cuando veo argumentos para descalificar las reformas porque supuestamente “son de extranjeros” o cuando se apela a la “libertad de los guatemaltecos para decidir”. Ambos argumentos no resisten un análisis lógico: las reformas son buenas o malas, sin importar la nacionalidad de quienes las proponen, y la libertad no se puede esgrimir como justificación para cometer un error, cuyas consecuencias solo pueden ser negativas, lamentables y peligrosas. Por aparte también me siento nervioso al enterarme de la intención de algunos de los pseudopartidos políticos para presentar enmiendas sin duda decididas entre sus integrantes, de cuya capacidad y buenas intenciones hay poco motivo para creer.

CREO NECESARIO INSISTIR: las reformas, por su importancia, deben ser meditadas y explicadas, además de tomar en cuenta criterios adicionales, por el momento rechazados por motivos extra-reflexivos. El fracaso provocado por su aplicación, a causa de la manera ambigua y hasta oscura de su presentación, es un costo demasiado alto para el país. La lógica elemental sugiere otra posibilidad: aprobar reformas distintas a introducir la tradición oral, subjetiva, en el ordenamiento jurídico, mientras se calman las aguas del rechazo y de la imposición y los ciudadanos pueden tomar la decisión de apostar por apoyarlos. Es una ruta larga necesitada de pasos cortos, lo cual puede alargar el tiempo de llegada a la meta, pero reduce la posibilidad del fracaso.