Pinceladas, aunque con trazos muy acentuados, ha dado el juez Miguel Ángel Gálvez sobre una de las redes de corrupción más impresionantes de que se haya tenido noticia en Guatemala, y hasta ahora lo ha hecho, como ha dicho reiteradamente, y así nadie dude de su resolución, la cual probablemente emitirá el lunes.

En realidad, lo conocido hasta ahora en la etapa de primera declaración en el caso Cooptación del Estado ratifica mucho de rumorado en pleno gobierno patriotista y en la información que ha fluido en los otros casos por los cuales también están vinculados los exmandatarios y varios exfuncionarios.

Sin embargo, no deja de sorprender la información cotejada y descrita por el juez Gálvez. Como cuando dice que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti debió trabajar durante 25 años en ese puesto para poder pagar un helicóptero o al exponer el origen y alambicada ruta de millonarios recursos usados para la construcción de residencias de lujo.

Todo ese cúmulo de indicios racionales se constituye en materia prima para que a través de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, se consolide en el imaginario social una postura de repudio hacia el latrocinio al cual fue sometido el país durante la administración patriotista, así como ocurrió, presumiblemente, durante los gobiernos anteriores. Ello implica directamente el rechazo hacia cualquier práctica opaca en el presente o futuro.

Otra pieza de ese entramado de oscuras y repudiables negociaciones también se pudo conocer ayer en boca del juez Gálvez, quien dejó sembrada la duda sobre la designación, por segunda ocasión, del actual jefe de la Contraloría General de Cuentas, de quien refirió que existían llamadas y registros que dejan entrever que su nombramiento en el cargo ya estaba negociado cuando apenas empezaba la discusión para esa elección.

Ciertamente, en torno de la designación de Mencos como contralor siempre hubo mucho ruido y él mismo debió acudir a instancias superiores para poder participar, porque había una clara prohibición constitucional respecto de la reelección. No obstante, al igual que muchos de los fallos judiciales, hubo un conveniente ajuste legalista, mas no moral, a las circunstancias, a tenor con quienes ejercían el poder y con quienes hasta hace un año ya se daban por seguros ganadores de las elecciones.

Esa polémica perduró hasta el día de la designación del nuevo contralor, pues era cuando más aceitada se encontraba la maquinaria electorera de los partidos Patriota y Líder, los que no solo designaron a Mencos para repetir en el cargo, sino también eligieron a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones, todo lo cual sucedió en medio de denuncias de tráfico de influencias por listados dados a conocer.

Al final, aunque lo conocido ahora en la audiencia del caso Cooptación del Estado no son datos nuevos, tampoco dejan de sorprender porque revelan los alcances perversos que pueden llegar a tener las redes de funcionarios que se creen intocables dueños del poder.