A la vista de algunos analistas internacionales, Guatemala es una república bananera   miserable, un estado fallido, un escenario donde el ballet de criminales danza sin interrupción todo el tiempo, donde  el proceder ilegal sustituye al decoro de los buenos administradores; un lugar en el  que cometer un crimen es cosa fácil y, finalmente, para ellos aquí está el paraíso de  los delincuentes más felices del mundo, porque muchos de  ellos son impunes y hasta reciben honores colocándolos  en altos cargos públicos. Y aquí paro de repetir otras cosas que se dicen de nuestro país.

Lo que es necesario admitir es que no hay un país donde el poder estatal, que ajuste sus actos a los mandatos legales, abandone la lucha por remediar esa situación caótica. Contrariamente, en casi todos los Estados se hace un esfuerzo enorme por perfeccionar las técnicas de investigación policial, la persecución penal y la administración de justicia.

En el Estado Constitucional de Derecho la aplicación de las leyes se ejercita, por una parte, mediante actos de la jurisdicción ordinaria y, por la otra, en la defensa del orden constitucional que tiene su más alta expresión coercitiva en las sentencias, en nuestro caso, de la Corte de Constitucionalidad.

El problema surge en los Estados donde el poder público está infestado por delincuentes, una de cuyas más notorias manifestaciones es el irrespeto a la separación de poderes y una constante agresión al trabajo tribunalicio. Y aquí, entre nos, es frecuente escuchar de funcionarios la frase “Yo respeto la sentencia, pero no la comparto”, lo cual pone de manifiesto un ánimo delictivo por la desobediencia al imperio del Derecho.

Pienso que, para evolucionar a más altos niveles de civilización, debería tomarse como ejemplo a países donde los jueces son respetados y sus resoluciones acatadas y cumplidas, en tiempo y forma. Cito uno, entre muchos, a España. El Gobierno, en 2011, usó todos los recursos legales a su alcance para anular la organización y funcionamiento de una coalición electoral de varios partidos políticos opositores.

El caso pasó por las instancias de la jurisdicción ordinaria y terminó en manos del Tribunal Constitucional. El Gobierno, muy a su pesar, perdió el caso; pero, en lugar de decir “yo respeto esa sentencia, pero no la comparto”, emitió el siguiente aleccionador comunicado: “El Ministerio de Justicia acata y expresa su absoluto respeto a la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo presentado por la coalición electoral Bildu.

Desde el primer momento, el Gobierno ha actuado de conformidad con lo dispuesto en las leyes y siguiendo los procedimientos establecidos. En el Estado de Derecho a cada poder del Estado corresponden concretos cometidos y el Gobierno ha cumplido con los suyos.

En nuestro sistema constitucional es competencia de los tribunales determinar la legalidad de las candidaturas electorales.

El Gobierno a través de la Abogacía del Estado impugnó todas las candidaturas presentadas por considerar que de los informes en su poder se derivaban motivos suficientes para cuestionar su legalidad. La Sala Especial prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dictó sentencia estimatoria y declaró su nulidad.

Interpuesto el recurso de amparo el Tribunal Constitucional ha reconocido que la coalición puede participar en las elecciones.

Las decisiones del máximo intérprete de la Constitución, que tiene la última palabra en esta materia, deben ser cumplidas por todos los ciudadanos y poderes públicos”.