En los últimos meses ha habido en los medios de comunicación “analistas” que irresponsablemente han asegurado que la lucha contra la corrupción está teniendo un impacto dañino sobre la economía. De hecho, durante la visita a Guatemala del vicepresidente de los Estados Unidos, a finales de junio, estos analistas intensificaron su aparición en medios, asegurando que la economía está deshecha por los esfuerzos anticorrupción, y lo único que aumenta en estas circunstancias es la migración.

Probablemente querían enviar el doloso mensaje al gobierno estadounidense de que su apoyo al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tendría como consecuencia más guatemaltecos yendo ilegalmente a su país. Los comentarios de estos analistas, vacíos de rigor y sentido económico no son creíbles, pero sí han despertado la necesidad de saber más sobre los fenómenos que están afectando la economía guatemalteca.

En ese sentido, hoy, en la sede —Washington— del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés) se presentará el estudio El impacto económico y fiscal de la lucha contra la corrupción en Guatemala, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). En este trabajo —elaborado con base en estadísticas oficiales—, se concluye que existen seis fenómenos que explican el menor crecimiento económico de Guatemala durante el 2017, y la lucha contra la corrupción no es uno de ellos.

El primer fenómeno que ha afectado el crecimiento económico en el 2017 es la austeridad del gasto público. El presupuesto del Estado se ha contraído en los últimos años, pasando de representar el 13.9% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2014 a tan solo 12.8% del PIB en el 2017. Si además de presupuestar poco gasto se ejecuta poco —segundo fenómeno—, el impacto sobre el crecimiento económico será mayor. En el 2017, por ejemplo, solamente se ejecutó el 55% de los recursos destinados a la inversión pública.

La cada vez menor capacidad de recaudación de la SAT es el tercer fenómeno que afecta la actividad económica, pues limita los recursos para ejecutar gasto e inversión pública. Mientras en el 2014 la carga tributaria equivalió al 10.8% del PIB, en el 2017 había caído a tan solo el 10.2%. El cuarto factor ha sido la inflación, que en el 2017 llegó a ser de 5.7%. Los precios más altos redujeron la capacidad de consumo de los hogares, siendo el consumo el principal componente de la economía guatemalteca. Por su parte, la apreciación del tipo de cambio —menos quetzales por un dólar—, que pasó de Q7.60 por un dólar a Q7.40, afectó el crecimiento económico, creando desventajas a las exportaciones de productos nacionales.

El sexto fenómeno que afectó el crecimiento fue el menor dinamismo del crédito bancario. Los inversionistas fueron más cautelosos y demandaron menos crédito bancario, debido a la inestabilidad política que provocó la hostilidad del gobierno de Morales hacia la lucha contra la corrupción.

Finalmente, el estudio presenta un modelo econométrico que explica el crecimiento económico por medio de ciertas variables, incluyendo la corrupción. La principal conclusión del modelo es acorde al sentido común: a mayor corrupción, menor crecimiento económico y menor inversión. Aunque el informe trata sobre la actividad económica de un año, 2017, recalca que hay factores estructurales que frenan el crecimiento. En todo caso, luchar contra la corrupción y cerrar la puerta al poder de decisión de los corruptos es estratégico para el avance económico, social y democrático de Guatemala.