Ya es la segunda vez que a través de investigaciones periodísticas se evidencian anomalías en bonos y gastos para el actual presidente, cuando después de las publicaciones de los reportajes no le ha quedado otra a la Controlaría General de Cuentas (CGC)  que aparecer en el escenario, supuestamente para investigar y decir que hay que reintegrar los fondos y que termine allí la historia.

¿Por qué la prensa tiene que estar haciendo el trabajo de investigación que le correspondería a la CGC? Es decir, se supone que ellos deberían estar chequeando constantemente cómo se ejecuta el gasto público de manera espontánea y sin que la prensa lave los trapos sucios de los funcionarios corruptos en los medios de comunicación.

Es más, la noticia debería ser publicada porque el contralor pondría las denuncias en el Ministerio Público y no porque él las lee en la prensa. Quiere decir prácticamente que se abre la investigación porque la corrupción es evidenciada ante los medios y no le queda otra que actuar.

La indignación del pueblo ante los lujos que se gasta el mandatario y tener que pagar por sus gustos personales es un insulto, porque no solo es el presidente mejor pagado de Latinoamérica, sino que pretende encaramarle al pueblo lo que él debería pagar con su propio salario.

Entonces, al no haber instituciones sólidas que velen por la transparencia, resulta que la prensa adquiere un papel preponderante dentro de nuestra sociedad, porque no solo nos mantiene al tanto de los abusos y corrupción que se vive en el país, sino también se logra poner en alerta a los entes fiscalizadores.

Darle seguimiento a la noticia ha sido una buena herramienta para evidenciar los hechos de corrupción y además una forma de presionar a las autoridades para que se investigue, denuncie y condene a los empresarios y funcionarios públicos que incurren en actos de corrupción y abuso de poder. Pero al final de cuentas, si los trapos sucios de los corruptos se lavan en la prensa, entonces las autoridades solo sirven de adorno.

Se supone que la Contraloría General de Cuentas debería garantizar el buen uso del gasto público, pero hasta hoy ha permanecido ajena a su mandato constitucional. No hay que olvidar que además de realizar auditorías, elaborar informes, presentar reparos, iniciar acciones legales y administrativas; también tiene la obligación de verificar los estándares de calidad en el gasto.

Lo correcto sería que esta institución hiciera su trabajo como corresponde, estando consciente de que no existe ni una sola institución gubernamental que no haya sido acusada de actos de corrupción por parte de alguno de sus funcionarios. Cuando se habla de fiscalizar en nuestro país, la figura del contralor General de Cuentas, además de ser decorativa, se percibe como oscura y perversa, o simplemente ciego cuando le conviene.

Las revelaciones de esta semana del MP y la Cicig evidencian una vez más el terrible cáncer de la corrupción que se vive en Guatemala. Es necesario exigir a la CGC que haga su trabajo y se una a la cruzada anticorrupción, en lugar de permanecer como hasta hoy, siendo una institución debilitada y con poca capacidad fiscalizadora. Sin duda, esto ha permitido a los miles de funcionarios que han desfilado por los gobiernos y a los empresarios que negocian con el Estado, que hayan podido saquear los fondos públicos con toda tranquilidad y sin castigo alguno.

Si todavía había dudas de la manera como se pagan los sobornos y el origen de los recursos mal habidos, el caso Odebrecht vino a desnudar una de las tantas maneras que utilizan los ladrones de cuello blanco en este país.

 imagen_es_percepcion@yahoo.com