El fraude estaba cantado desde el momento mismo en que los dirigentes de la máxima organización gremial del empresariado guatemalteco decidieron engrasarle los rodos a la campaña de FCN, con un actor de tercera al frente. Desde ese momento, los grandes consorcios le pusieron el pomo al frasco para demostrar, una vez más, que su inveterada costumbre de incidir desde las sombras en los destinos del país buscando apoyar a quien les garantizara su ya histórica hegemonía, siempre funciona.

Sin duda los empresarios involucrados en el financiamiento ilícito no contaban con ser investigados y puestos en evidencia. ¿Por qué iban a hacerlo, cuando su manipulación de las campañas electorales es una constante de la fórmula? ¿Acaso no es el derecho consuetudinario de los dueños de la riqueza cuidar sus intereses no importando cuál sea el costo para el resto de la ciudadanía? ¿Es que alguna vez han tenido que pagar por las fortunas adquiridas a costa de acuerdos secretos con los nuevos gobernantes cada cuatro años?

La sorpresa ha sido el mea culpa inesperado de la cúpula empresarial ante una sociedad que no sabe cómo reaccionar. Unos les arrojan flores y confeti porque, claro, hay que celebrar el “noble gesto” de reconocer sus errores (conste que solo reconocen el más reciente, el más obvio). Otros les arrojan material mucho menos aromático por medio de las redes sociales en una verdadera catarsis por este y otros muchos pecados que se les atribuyen con mayores o menores evidencias. Lo que venga después será, sin duda y como muchos auguran, un parteaguas no solo para la iniciativa privada sino también para la clase política y para la ciudadanía cansada de la madeja de intrigas en que se ha convertido el quehacer institucional en Guatemala.

Las promesas de campaña, divulgadas masivamente en todos los medios gracias a los muy generosos aportes de los empresarios y otros donantes anónimos, jamás fueron cumplidas. Esto, porque dada la tradición de los procesos políticos en el país, no era necesario y probablemente los financistas nunca se fijarían más que en lo que les tocaba en términos de privilegios y exenciones. Así es y así ha sido siempre durante todas las administraciones de la mal llamada “era democrática”.

El candidato de marras prometió que vendrían “tiempos mejores” pero nunca especificó para quién. De hecho, la manera tan radical de encaramarse en una plataforma de excesos lo ha convertido en un símbolo de la mediocridad de su gobierno y le ha generado toda clase de críticas y señalamientos a partir de investigaciones reveladoras de sus escasas dotes de administrador de los recursos del Estado. Quienes le acompañan en la aventura tampoco son las mentes más brillantes del escenario político y lo único que van sembrando es más rechazo y acumulando más vapor en la olla de presión al avalar las mentiras y enredos de su líder.

Las amenazas de quitar de en medio a Iván Velásquez —como si fuera el responsable de la situación caótica del gobierno— se convierten en una auténtica confesión de culpa y en un intento inútil y peligroso por neutralizar la acción de la justicia; esto, con el único propósito de blindarse y terminar el período sin acabar en la cárcel, como sucedió con su antecesor. El futuro político de Guatemala depende ahora de un empresariado limpio, de una ciudadanía consciente y de un cambio radical de las reglas del juego, empezando por la reforma largamente esperada de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Si eso no sucede, de nada servirán las plazas ni los golpes de pecho.

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