Venimos de un 2017 lleno de fracasos y sinsabores, en donde el optimismo que intentamos mantener recibe lluvia de frustraciones provocadas por el permanente desacierto en las decisiones de las esferas estatales. Los tres poderes del Estado han debilitado aún más nuestra confianza en la débil institucionalidad que tenemos y, en general, han sido incoherentes con los principios que inspiran a la democracia.

En ese período ha continuado el arduo quehacer de los profesionales de la información que cumplen con la difícil tarea de trasladar los contextos, las noticias, los hechos y, en general, los distintos aspectos de la realidad que golpean nuestros sentidos y sentimientos, al constatar que en Guatemala continúa un sistema que nos ha convertido en un país inhumano, desigual, discriminador y donde la desigualdad es tan grande como la opulencia de unos pocos que han concentrado en su beneficio y el de sus herederos la riqueza acumulada, contrastando con la miseria de las mayorías.

Nosotras y nosotros los periodistas, aliados en los gremios de prensa, continuamos durante el año pasado la lucha porque el Gobierno cumpliera con su promesa de constituir un Programa de Protección a Periodistas, expresada de manera reiterada ante la prensa nacional e internacional; ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los relatores de la Libertad de Expresión.

Del año 2000 a la fecha, 38 periodistas han perdido la vida de manera violenta. Continúan las agresiones, las intimidaciones y los acosos por distintas vías a medios y periodistas, y, lo peor, han implantado zonas de silencio sobre temas graves de los que no somos informados por los riesgos que corren los comunicadores en los departamentos. Sin embargo, pese a ese contexto lúgubre, resultan esperanzadoras las recientes acciones del Ministerio Público y de la PNC al haber capturado a un diputado señalado como supuesto autor intelectual del asesinato de dos de nuestros colegas en Mazatenango. Ojalá el proceso correspondiente permita que esos crímenes no queden en la impunidad y que, en el futuro cercano, también se investigue y procese a los responsables de los demás asesinatos y de las múltiples agresiones de que hemos sido objeto los periodistas y comunicadores.

En este contexto, el pasado lunes se cambió la junta directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala; me tocó asumir la responsabilidad de la Presidencia de dicha histórica institución. Quienes nos mantenemos militando en la APG estamos dispuestas y dispuestos a defender la libertad de expresión, de prensa, de información a costa de lo que sea.

Y este año que ha comenzado se vislumbra retador para el cumplimiento de estos propósitos. Los discursos tanto del presidente de la República como del novel presidente del Congreso, pronunciados el pasado domingo, muestran un alto y nada casual nivel de coincidencia. Parecieran atrincherados de manera conjunta frente a los avances que ha tenido el país en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se perfila, por lo tanto, un año con altos niveles de confrontación social y política, haciéndose indispensable que los medios y los periodistas asumamos con entereza nuestra responsabilidad de contribuir a que el país avance, sin repliegues, en la senda de la lucha por la justicia, pero que al mismo tiempo no seamos los atizafuegos que quemen los lazos que deben tejerse para buscar acuerdos entre todos, superando las calificaciones de demonios y ángeles que ahora prevalecen de manera incremental.

*Columna escrita horas antes de su fallecimiento.