El sistema en el cual se mueven las fuerzas del país bajo la influencia de capitales internacionales genera un círculo vicioso. Es el caso de Guatemala, en donde ese círculo resulta inquebrantable y anula toda posibilidad de construir un ambiente propicio capaz de generar una fuerza ciudadana efectiva contra un sistema que solo beneficia a ciertas élites.

Este sistema política y económicamente depredador no solo afecta a los sectores más pobres ni está enfocado únicamente en detentar el monopolio de las decisiones: es tan perverso como para haber conservado un tinte de democracia cuando sus estructuras están diseñadas para nunca ceder espacios a la auténtica participación ciudadana. Para ello ha creado un entramado de leyes-candado favorables a la perpetuación de un estatus propicio para gobernar al país al gusto y preferencia de un sector específico, minoritario pero abrumadoramente poderoso.

Los obstáculos contra la participación política de sectores tan importantes como los de mujeres y pueblos originarios entran en el modelo tradicional de monopolización del poder, ya que uno de los objetivos de ese modelo político es, precisamente, impedir el desarrollo de una ciudadanía involucrada en la gestión pública. De ahí que las reformas a las leyes que definen el sistema electoral y de partidos políticos dependan de quienes se benefician de ellas y marginen por completo las aspiraciones de la población por una democracia real e incluyente.

Una de las consecuencias del monopolio del poder en un círculo de corrupción y privilegios, sumado a la ausencia de calidad de la gestión pública, es la marginación de la niñez y la juventud como una estrategia de dominación. La táctica de privar a este sector de acceso a la educación y relegarlo en las prioridades de inversión resulta naturalmente en la profundización de la pobreza y, por ende, la imposibilidad de cederle espacios de decisión y acceso alguno a la participación política en un futuro cercano. En otras palabras, la juventud guatemalteca continuará castrada y condenada a desenvolverse en un ambiente de privaciones y criminalidad inevitables, de no haber un giro rotundo en las políticas públicas dirigidas a este sector.

Por otro lado, la explotación irracional de la riqueza —tierras, aguas, recursos mineros— bajo el argumento de ser la única vía para generar el desarrollo económico al cual aspira la población, constituye el gastado discurso de un círculo de poder históricamente incapaz de generar más desarrollo que el de sus propiedades, bajo la protección de un sistema político que le ha servido incondicionalmente y sin reparos. La fuerza de las evidencias de los problemas generados por una industria depredadora y pobremente manejada como la minera, sin embargo, ha provocado el cierre de esa clase de proyectos en otros países de la región y del continente, por ser perjudiciales y no propiciar más desarrollo que el de las compañías explotadoras, mientras los territorios mueren y sus fuentes de agua se pierden para siempre.

El desarrollo no reside en proyectos mineros ni construcción de hidroeléctricas. Reside en planes bien diseñados, incluyentes, democráticos y racionales, de mediano y largo plazos, capaces de romper los habituales círculos de influencia y convertir a un Estado débil y dependiente en una fuerza generadora de riqueza, bienestar y justicia para toda la población. Eso requiere conciencia, inteligencia y calidad humana, valores indispensables para convertir las debilidades en fortalezas y avanzar hacia un futuro más promisorio.

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