Esta semana Cabi presentó su estudio El sistema eléctrico nacional bajo ataque, en donde analizan el impacto que la “conflictividad social” tiene en el sector de la energía eléctrica y, como consecuencia, en toda la economía. Y la verdad es que se le paran a uno los pelos al ver cuantificado —y solo en un sector— lo que quizá solo habíamos atisbado como sucesos aislados. La situación es grave, los enemigos del desarrollo van ganando, y si no hacemos nada para corregirla seguiremos corriendo desenfrenadamente hacia el despeñadero.

El panorama que presentó Paulo de León, director de Cabi, es demoledor. El sector eléctrico ha sido uno de los más pujantes durante las últimas dos décadas, lo que ha llevado a Guatemala a una situación que es ejemplo en la región. Este proceso tuvo su génesis en la aprobación de la Ley General de Electricidad, que, aunque se podría mejorar, es bastante buena y ha permitido que en apenas dos décadas las inversiones se dispararan como no se había visto casi en ninguna parte. Uno de los factores más importantes dentro de este esquema es la certeza jurídica que la ley prometía a los inversionistas.

Lamentablemente, ese sector tan pujante de la economía se está descarrilando como consecuencia de lo que Paulo denomina “conflictividad ilegítima”, que no es más que un ataque al desarrollo por parte de grupitos de interés pequeños pero bien financiados, cuyo objetivo pareciera ser acabar con la inversión en Guatemala y, como consecuencia, lograr que los guatemaltecos vivan cada vez en mayor pobreza.

Lamentablemente, la certeza jurídica que prometía la ley ha sido menoscabada por los tres organismos del Estado. El Congreso, al aprobar tratados que después irresponsablemente no se digna a normar. ¿Cómo es posible que aprueben un acuerdo tan importante como el 169 de la OIT y después se hagan las ranas de establecer el marco de cómo se debe implementar en el país? Hasta la misma Corte de Constitucionalidad (CC) ya les conminó a que aprueben el reglamento para aplicar los procesos de consulta establecidos por ese acuerdo, pero a los diputados les ha venido del norte.

Las cortes, incluida y especialmente la CC, han alimentado la falta de certeza jurídica con fallos absurdos e incoherentes, deteniendo inversiones que han cumplido con toda la legislación y regulación vigente, mientras que, por el otro lado, el MP no se digna a investigar y acusar a los grupos criminales que invaden propiedades, arruinan maquinaria y bloquean el acceso y la circulación. Y el Ejecutivo también tiene culpa, al no hacer valer la ley —como es su obligación— ante todos estos grupos criminales que se escudan en esa impunidad resultante.

No se debe ceder ante esos grupos criminales y se les debe llamar correctamente así, separándolos de aquellos grupos que sí son honestos y que tienen reclamos válidos. Si no se detiene ahora este proceso, ya no será solo el sector eléctrico y algunos otros pocos, sino todos los que sufriremos las consecuencias. Recordemos que la energía es vital para el desarrollo, y si se detiene la inversión en nuevos proyectos de generación, transmisión y distribución de energía, dentro de pocos años regresaremos a las épocas de apagones y racionamientos.

Dentro de la presentación hubo una gráfica que lo resume todo: durante todo el 2018 las inversiones de bienes de capital han sido negativas, lo cual se refleja en el cada vez más bajo desempeño de la economía. No podemos seguir así. Necesitamos que regrese la certeza jurídica para que puedan empezar a regresar las inversiones.

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