Hago eco de la columna del colega Humberto Preti del sábado pasado, en donde da a conocer la oportunidad que tienen los diputados para cambiar la historia del Lago de Atitlán y, de paso, “lavarse un poco la cara” por los efectos del desprestigio por el que atraviesa el Congreso, no solo por los delitos de algunos de sus miembros, sino como una institución de prolongado desgaste.

Lamentable admitirlo, pero la Asamblea de Constituyentes de 1985 cometió un grave error cuando creyó que para impedir los abusos e iniquidades históricas de todos los presidentes había que restringirle severamente el poder al Ejecutivo, introduciéndole una compleja maraña de controles para ejercer una fiscalización rigurosa y permanente sobre el presidente. Lo que hicieron fue una conversión de facto hacia una gobernanza semiparlamentaria que no funciona.

La medicina fue peor que la enfermedad. De tener que bregar con un presidente chueco se ha tenido que lidiar con una recurrente metástasis de minipresidentillos, cada cual más corrupto que el otro. El Congreso se convirtió en una alacena de obligados favores presidenciales —pagaderos al cash y sin ribete— para poder hacer gobierno. En otras palabras, desataron los peores demonios de los incentivos perversos. El resto es historia, y hoy aguardan en línea, como ovejas de matadero, los diputados acusados de prostitución legislativa.

Ahora el pueblo les tiene el ojo encima y la certeza del castigo los mantiene alertas y paranoicos, lo cual abre oportunidades inéditas a los señores padres de la patria —en esta coyuntura de inercia limpiadora— para poder cumplir con la función por la que fueron electos. Solo leamos la responsabilidad explicita en la invocación constitucional que deben hacer en la apertura de cada sesión:

“Invocando el nombre de Dios, nosotros los Diputados de este Congreso nos comprometemos a consolidar la organización jurídica y política de Guatemala: afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad; responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de la legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Que Dios nos dé sabiduría y que la Nación nos juzgue”.

Como dirían los jóvenes: wow… cuán diferente sería Guatemala si el Congreso comenzara a poner en práctica este juramento, haciéndolo una realidad política. Si iniciaran por cosas simples pero trascendentes. Por ejemplo, se les pone en bandeja de plata un proyecto para la promoción del bien común: salvar el Lago de Atitlán mediante la aprobación del “Programa de Agua Potable y Saneamiento para Desarrollo Humano, Fase I. (contrato de préstamo BID 2242/BL-GU y Convenio GRT/WS-11905-GU.

Inaudito, pero el proceso se ha extendido por más de siete años y sigue sin aprobarse la contrapartida de US$50 millones necesaria para poder recibir la donación que ha otorgado el Gobierno de España para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento, no solo del Lago de Atitlán, sino en las partes más necesitadas del área rural la República.

Si el Congreso no vota por mayoría calificada “antes del 29 de junio” se perderán irremediablemente los recursos del préstamo, y, en consecuencia, la donación española para rescatar nuestro bello Lago de Atitlán mediante el financiamiento no re-reembolsable del “Plan Maestro para el manejo de Aguas Residuales de la Cuenca del Lago de Atitlán”, que permitirá implementar un sistema integral que trate las aguas residuales de la cuenca y evitar la alarmante degradación de un lago que no solo tiene un alto valor cultural, natural y económico para Guatemala, sino como ícono y patrimonio de la humanidad.

Diputados, en sus manos está la vida de Atitlán.

alfredkalt@gmail.com