El miércoles pasado hubo dos ataques que evidencian el grado de impunidad con que operan los criminales debido  a la ineptitud de las autoridades. En la mañana de ese día, un grupo de pandilleros rescató con armas de uso militar a uno de sus cabecillas, Ánderson Daniel Cabrera, del Hospital Roosevelt. La incursión bélica dejó una matanza de siete personas y otras 12 quedaron heridas. El reo, ahora prófugo, había llegado a realizarse exámenes de sangre, o sea nada de urgencia médica, con apenas dos custodios del Sistema Penitenciario. ¿Cómo pudo efectuarse ese traslado sin mayor seguridad para un marero acusado de asesinato, asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y conspiración? La captura de uno de los atacantes reveló que tenían en su poder planos del hospital y horarios de atención, mientras que otro detenido dijo que le habían ofrecido Q200 por participar en la masacre. Estas evidencias demuestran que ese crimen fue planificado y pudo haber tenido vínculos con empleados de Presidios y del juzgado que emitió la orden.

En la madrugada de ese día, un grupo de individuos llegó al bulevar Juan Pablo II, zona 13, a cortar con hachas y machetes 52 jacarandas que adornaban el arriate central. Nueve de los hechores fueron capturados y afirmaron que les pagaron Q100 a cada uno para destruir el entorno ambiental. Carlos Sandoval, vocero de la municipalidad capitalina, informó a Prensa Libre que uno de los detenidos aseguró que son trabajadores de una empresa de vallas y que les ordenaron cortar los árboles porque afectaban la visibilidad de los anuncios. En el sector dañado hay vallas de las empresas Publigrafik, Opciones y grupo Pol, a las cuales habría que investigar para dar con los responsables intelectuales de esta repudiable tala de árboles. Paradójicamente, una valla de Publigrafik tiene un anuncio del Inguat, la cual está situada frente al área donde talaron los árboles. El Inguat debería velar porque los turistas que arriban al aeropuerto tengan una vista agradable de la capital, pero ahora sería cómplice de este crimen ambiental.

No es la primera vez que se cometen actos criminales en hospitales públicos. En marzo del 2015, un ataque armado contra un vehículo del Sistema Penitenciario que estaba frente al Hospital General, zona 1, dejó dos muertos y 25 heridos. Las autoridades reportaron que el hecho habría sido un intento por rescatar a un pandillero que era llevado al nosocomio. El año pasado fue detenida una mujer que pretendía matar a un pandillero que era atendido en ese hospital. Son ya varios los hechos que han ocurrido por la imprudencia de las autoridades de llevar a reos peligrosos a centros asistenciales con afluencia masiva. La gente pobre no solo tiene que soportar las deficiencias del sistema hospitalario, sino que ahora, en lugar de ir a curarse, resulta que puede perder la vida en esos centros.

No es posible que Presidios continúe poniendo en peligro la vida de gente inocente en centros hospitalarios. Podrían utilizar, por ejemplo, el Hospital Militar, que tiene una garita en la entrada y que dificultaría un ataque de esta naturaleza, o habilitar atención médica dentro de los centros de detención. Lo mismo sucede con la tala de árboles, que no debe quedar impune. Tras ese hecho criminal contra el ambiente hay mano de empresas de vallas publicitarias, por lo que una medida correcta que deben tomar las autoridades municipales es prohibir la instalación de esos gigantescos anuncios en el bulevar Juan Pablo II. A nadie afecta que retiren esos grotescos anuncios y menos si tras ellos están los culpables de haber mutilado árboles de entre 10 y 15 años de vida que nos proveían oxígeno y vida.

@hshetemul