Lo hemos dicho tantas veces que ya es letanía de monaguillo. La economía funciona cuando ésta funciona libremente, sin limitaciones, ni cortapisas. Por ejemplo, que los puertos y aeropuertos funcionen normalmente para que las importaciones y exportaciones puedan entrar y salir al país de la forma más expedita y rápida posible. Que la infraestructura vial se mantenga abierta y fluida para que el transporte pesado y de pasajeros lleguen a su destino.

Cuando este sistema colapsa, las pérdidas son exorbitantes, no solo para las empresas sino para el consumidor final, porque como lo ha dicho el premio Nobel Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Lo que significa que las pérdidas, causadas durante estos paros — y que según cálculos de los empresas afectadas— ya van por Q3 mil 600 millones, al final del día saldrán de los bolsillos chapines.

El fondo de esta crisis es sobre las regulaciones al transporte pesado que impuso el Concejo capitalino con sanciones de hasta Q5 mil “para los que reincidan en el incumplimiento del acuerdo”. La medida limita la circulación de lunes a viernes de 5 a 9 horas y de 16.30 a 21 horas. Los sábados, de 12 a 16 horas, y los domingos, de 5 a 21, en el área central. Ese es el aparente fondo del asunto. No lo es…

Hay una concertada estrategia de desestabilización generada por grupos interesados en transitar sus proyectos políticos por estas brechas de ingobernabilidad. Como lo señala el comunicado de la Municipalidad de Guatemala, han sido muy pocos los que han generado impunemente la amenaza en contra de los transportistas que no están de acuerdo con el paro, especialmente por el hecho que este proyecto de horarios se viene discutiendo desde principios de años intersectorialmente, incluyendo a la Procuraduría de Derechos Humanos.

El cuadro grande para entender las restricciones de horarios al transporte pesado se centra en una simple ecuación entre el porcentaje de atascos que el transporte pesado genera en las horas de mayor circulación en la capital y los costos de horas/hombre pérdidas ocasionadas. La diferencia es sustancial. Hay más embotellamientos y por ende pérdidas para la economía.

El bien común debe prevalecer y de nada sirven las mesas de diálogos si no se centran en un análisis frío de la realidad. El país entero no se puede someter a la voluntad e intereses de unos pocos paralizando al país entero durante nueve días. Si los pocos no entienden esto, e insisten en tomar medidas de hecho que violan flagrantemente el derecho constitucional de la libre locomoción, entonces debe aplicarse el poder coercitivo de la ley.

La Corte de Constitucionalidad amparó al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) apercibiendo a las autoridades a proteger los derechos de los ciudadanos ante los paros y bloqueos del transporte pesado. El amparo está fundamentado en el derecho de la libre locomoción y la protección del derecho de trabajo.

A pesar que el paro de pilotos deja pérdidas de Q40 millones diarios a la SAT e incontables efectos en la economía el Ejecutivo se tomó demasiado tiempo en pronunciarse, y cuando lo hizo, fue para distanciarse de la crisis, declarando que “el problema no era de su competencia ni tiene jurisdicción para intervenir.. “ (¿?) Como si su mandato no fuera claro en cuanto a su responsabilidad en el manejo de emergencias y acontecimientos graves.

Deja mucho que desear una posición tan evidentemente inadecuada y políticamente incorrecta. El Presidente de la República tiene media docena de atribuciones ligadas a su responsabilidades —por mandato constitucional— en el ámbito de mantener el orden público y velar por que se cumplan las leyes. Inaudito que nueve días y 1,300 millones en pérdidas después, la conclusión sea una mesa de diálogo.

Patético…