En medio del dolor que viven nuestros connacionales al ver sus comunidades arrasadas producto de los deslizamientos desde el Volcán de Fuego, nos enteramos del asesinato de otro líder comunitario, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). El séptimo asesinado en las últimas semanas.

Cito sus nombres en un modesto intento por honrar su memoria y la de otros tantos otros que han corrido su misma suerte y cuyos asesinatos no se han esclarecido: Luis Arturo Marroquín, de Jalapa, asesinado el 9 de mayo; Alejandro Hernández García y Florencio Pérez Nájera, de Jutiapa, asesinados el 4 de junio; Francisco Mungía, líder de Xalapán, Jalapa, asesinado el 8 de junio; José Can Xol, asesinado el 10 de mayo; Mateo Chamán Pau, asesinado el 13 de mayo; y Ramón Choc, asesinado el 1 de junio en Alta Verapaz, los tres últimos del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA).

Los cito por nombre, para refrescar la memoria de una sociedad que fácilmente olvida que venimos de un baño de sangre espantoso que duró cuatro décadas. Para recordarles que lo peor que nos puede pasar —si es que aún puede haber algo peor que lo que estamos viviendo— es que la violencia política vuelva a ser el recurso para dirimir el rumbo que ha de tomar la sociedad.

Cuando se firmó la Paz, nos comprometimos a resolver nuestros problemas y diferencias de manera pacífica, empleando el voto y no las armas, el diálogo y no la violencia. Hace 20 años aprobamos leyes para incentivar la organización y la participación ciudadana, convencidos de que, si las personas se involucran en los problemas de su comunidad, estos tendrían más probabilidad de resolverse y que por la vía de la democracia y la participación, lograríamos lo que la guerra no logró.

Sin estos liderazgos, las comunidades tendrían todavía menos acceso a bienes y servicios que el que actualmente tienen. Son ellos los que gestionan proyectos ante el Codede, ante la municipalidad, con ministerios y otras instancias. Son ellos quienes brindan incontables horas de su tiempo, de manera gratuita, para ir procurando mejoras para todos. Me consta, los veo a diario impulsar el desarrollo local y comunitario.

A los políticos y los gobiernos les encantan los líderes comunitarios porque en ellos descargan muchas de las responsabilidades que en realidad le corresponde cumplir al Estado. Les fascinan en época electoral porque por su medio movilizan los votos de miles de personas que confían en ellos y no en los politiqueros que solo se asoman en esas fechas.

Los líderes comunitarios son bien vistos si sirven para tener mano de obra gratuita. Pero ¡ay de ellos si osan dar un paso más allá y se organizan para tomar sus propias decisiones, para plantear sus propias propuestas, para plantear su visión del desarrollo y su modelo de convivencia y ofrecerlo a otros! Entonces ya no gustan. Están “permitidos” mientras sean útiles al poder; mientras no luchen por defender a sus comunidades de intereses económicos que amenazan su modo de vida y no les deparan bienestar. Pero si se organizan políticamente, y no para descombrar los caminos o emitir su voto acríticamente, se convierten en amenaza. Y de la amenaza a la muerte, en nuestro país, sigue habiendo, tristemente, muy poca distancia.

Escribo esta columna mientras espero los resultados de la final del campeonato de debate en el colegio de mis hijos. Oigo a los jóvenes aprender a debatir y siento esperanza. Lo hacen con calma, apelando a la razón, a la evidencia. Una generación que está aprendiendo que en la política debemos caber todos, y que son las ideas —y no las armas— las que nos pueden conducir a un futuro diferente.

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