Transparencia Internacional ha publicado recientemente la edición número 25 de su índice sobre la percepción de la corrupción (IPC). El estudio, que comprende la evaluación de la percepción de la corrupción en 180 países, se basa en diversas fuentes de datos que registran indicadores de gobernanza, ambiente de negocios y apreciaciones de expertos.

Siendo la corrupción un fenómeno que supone el ocultamiento deliberado de actividades ilícitas, las percepciones sobre la corrupción, en buena medida, son el resultado del conocimiento que los ciudadanos obtienen a partir de escándalos, investigaciones —académicas o propias de los órganos de investigación judicial—, y procesos judiciales. De acuerdo con este IPC, Guatemala —con un punteo de 28 sobre 100— es el cuarto país con mayor percepción de corrupción en América Latina y el Caribe, solo superado por Nicaragua, Haití y Venezuela. A nivel global, Guatemala está entre los 40 países con mayor percepción de la corrupción.

En contraste, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur y Suecia ocupan las primeras posiciones en el ranquin global. Estas naciones han logrado obtener a lo largo del tiempo, punteos en el IPC que oscilan entre 84 y 92 puntos sobre 100. Lo primero que tienen en común es que en estas naciones hay un sistema económico y social que eleva el bienestar de toda la población, que genera igualdad. Esto dota a los ciudadanos de una sólida identidad social, les proporciona confianza sobre su entorno y, en especial, sobre la justicia, lo que favorece su participación en la comunidad.

Estos países también comparten cuatro elementos en su lucha anticorrupción. Primero, la transparencia en la gestión de la administración pública, aunada a una constante veeduría ciudadana sobre la relación entre actores públicos y privados. Segundo, la institucionalización de la ética por medio del sistema educativo y, puntualmente, en la construcción de una cultura de servicio civil basada en el respeto de la ley. Asimismo, son Estados que cuentan con marcos legales y de conducta que indican a las personas y empresas cómo actuar para evitar actos de corrupción (conflictos de intereses, tráfico de influencias, fraude, entre otros).

Tercero, una administración pública con controles precisos para lograr el buen funcionamiento de la administración pública y una fiscalización efectiva sobre la utilización de recursos públicos, realizada por contralorías de cuentas, procuradurías de derechos humanos u oficinas anticorrupción. En ese sentido, la institucionalidad pública anticorrupción es el cuarto elemento. Esta puede tomar la forma de agencias independientes o unidades específicas dentro de las fiscalías generales, teniendo como fin investigar y llevar ante la justicia cualquier hecho de corrupción.

En Guatemala, la lucha contra la corrupción aún está en una primera fase, la de conocer los casos y enfrentarlos ante la justicia. Sin embargo, consolidar una cultura que desprecie y castigue la corrupción requiere avanzar en reformas profundas: un piso de protección social que aleje a todas las personas de la incertidumbre y les garantice una ciudadanía social; reparar y mejorar el sistema de justicia y el servicio civil; políticas que mejoren la gestión y transparencia de los asuntos públicos; institucionalizar el rol de la ciudadanía, fortalecer el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos y modernizar la Contraloría General de Cuentas. La tarea no es sencilla, requiere una reforma fiscal, y por consensos ciudadanos y políticos. Por ello es vital comenzar ahora.

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