La intervención de la CIA en Guatemala, que en 1954 contribuyó a derrocar a Jacobo Arbenz, se dio en un contexto en que se había subestimado el poder que podía ejercer los Estados Unidos frente a un gobierno que lo desafiaba abiertamente. Guardando las distancias, ese tipo de mala lectura del contorno externo parece haberse agravado en el presente gobierno. El intento de expulsar al comisionado de la CICIG fue un reflejo de ello, a pesar de que la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, se oponen a ello. El 28 de agosto el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, el republicano E. Royce, fue claro al urgir al presidente Morales a enmendar la plana, a respetar el dictamen de la Corte de Constitucionalidad, y a permitirle al actual comisionado que continuara con su importante trabajo de apoyo a las autoridades guatemaltecas que combatían la corrupción. Diversos pronunciamientos de miembros individuales del Congreso o Senado, incluyendo a Norma Torres, han sido contundentes.

El mismo día que el nuevo embajador de los Estados Unidos se presentaba frente al presidente Morales, también se reunía con el comisionado de la CICIG y la Fiscal General del MP. El 16 de octubre de nuevo el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, ahora acompañado por un diputado demócrata del mismo comité, Eliot Engel, le solicitó al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, que se aplicara la iniciativa Magnitsky a Guatemala. Esta autoriza la aplicación de sanciones que incluyen la prohibición de ingreso a los Estados Unidos, la eliminación de visas y el bloqueo de propiedades en los Estados Unidos de aquellos responsables de diversos actos contrarios a la ley. También advirtió que la transferencia de 50% de los recursos contemplados en el Plan para la Prosperidad está sujeta a la cooperación con comisiones contra la corrupción y la impunidad, y que el Departamento de Estado debe certificar avances en ese sentido.

Estas señales parecen no haber sido suficientemente claras para evitar que la viceministra de Relaciones Exteriores enviara una carta al comisionado de la CICIG pidiéndole no intervenir en asuntos internos. Contradijo el acuerdo entre el gobierno y la CICIG, que precisamente demanda que lo haga, como ha sido ampliamente comentado y documentado.

Pero en los últimos días se agregó un nuevo indicador igualmente claro acerca de los costos del incumplimiento de obligaciones internacionales y de intentar desviarse —tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo— por una trayectoria que busca debilitar la aplicación de la justicia y que amenaza la propia institucionalidad del Estado. Este indicador fue la rebaja de la calificación de riesgo de Guatemala por parte de Standard and Poor, referencia importante para autoridades y empresarios del mundo entero interesados en evaluar las perspectivas económicas de países o de diversos agentes financieros. La rebaja se atribuyó a la inestabilidad política y a instituciones gubernamentales débiles.

Las señales no podían ser más claras. Resulta irónico que líderes empresariales en ENADE apoyaran de manera tan contundente al presidente Morales y a su política, que equivale a un disparo en el pie. Un día después de la rebaja de la calificación del gobierno se redujo la calificación para tres bancos nacionales, que amplía los costos de los errores gubernamentales y de los empresariales que los apoyan. Queda demostrado que el combate a la corrupción no aumenta el riesgo de la inversión en Guatemala, sino que ocurre lo contrario. Debilitar la lucha contra la impunidad, como lo ha hecho el presidente Morales —ahora apoyado por un reducido grupo de empresarios con representatividad decreciente— ahuyenta la inversión. Es hora de enmendar la plana.

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