DENTRO DE LA VORÁGINE de información y de comentarios de todo tipo relacionados con el asesinato del capitán Byron Lima dentro de la granja penal Pavón, uno de los más importantes se refiere a las realidades del submundo de los centros carcelarios del país. En ese sentido, es digno de mención el trabajo del columnista Salvador Paiz, publicado ayer: 3,811 agentes con un sueldo de Q1,725 mensuales atienden a 20 mil reos en 22 centros con lugar para 6,500. Casi no hay dinero para la rehabilitación, solo alcanza para gastos de mantenimiento, y el robo de los fondos es común, por lo cual solo alcanza para funcionamiento. La ausencia de autoridad es clara y los reos peligrosos siguen sus actividades criminales dentro de la prisión.

LAS NOTICIAS DE LA PRENSA muestran otra realidad de este inframundo. Las autoridades encontraron armas de fuego, ojivas de balas, granadas, puñales, además de mariguana, cocaína, radios portátiles, celulares. Las versiones oficiales hablan de un tiroteo de 45 minutos, manchas de sangre en patios traseros —lo cual comprobaría violento traslado de varios de los asesinados antes de matarlos a corta distancia, así como explicaría por qué algunos de ellos fueron decapitados y el cadáver de otro estaba calcinado. Por si fuera poco, la matanza fue realizada a eso de las 9 de la mañana pero los cientos de agentes enviados solo pudieron penetrar a las cuatro de la tarde. Pavón, se comprobó, es una especie de “territorio libre” de la acción del Estado.

EN ESE ESCENARIO, es inevitable el surgimiento de bandas criminales cuya principal característica es la rivalidad para el control de las actividades delictivas de todo tipo y gravedad ocurridas desde hace mucho tiempo. La presencia de reos con las características personales de Lima permite llegar a conclusiones lógicas acerca de la cantidad de personas necesarias para participar en un asesinato de semejantes características. Pero también facilita sospechar la existencia de un plan de desinformación y de desvío de la atención pública cuando de inmediato son filtradas informaciones hacia entidades internacionales de investigaciones criminales, como es el caso de Insight Crime, el cual insiste en la lucha de bandas rivales como única causa del crimen.

ESA MISMA LÓGICA PERMITE guiar el pensamiento a otra posibilidad, mencionada también en otros artículos periodísticos, al respecto de constituir este crimen un hecho no derivado de esa lucha de poder interno, sino de la decisión de eliminar físicamente a alguien con conocimientos cuya revelación abriría una verdadera caja de Pandora. Eso se debe a la muy clara posibilidad del resurgimiento de casos cubiertos por la niebla del olvido, como el atroz asesinato de monseñor Juan Gerardi, pero también relacionados con acciones gubernativas posteriores, algunas cercanas. A todo esto contribuye el convencimiento de otra realidad: la del alivio de muchas personas a consecuencia de ser ahora imposible la revelación de hechos comprometedores.

LAS PROPIAS AUTORIDADES AÚN no han comprobado la conexión entre el crimen y quien es señalado de ser su autor intelectual y material, Marvin Montiel, el Taquero, quien cumple una condena de 820 años, ni con Guayo Cano, como lo señala un informe de inteligencia civil guatemalteca filtrado a la revista antes mencionada. El submundo carcelario es un territorio perfecto para ser cierta cualquiera de las versiones. Mi predicción, basada en cómo han sucedido tantos otros hechos de violencia en el país, es muy fácil de comprender: este caso tiene todas las posibilidades de engrosar los miles de ejemplos de incapacidad estatal de dar seguridad, de existencia de poderes paralelos y de la indefensión ciudadana, cuyo papel se reduce a la de espectadora.