Como la naturaleza humana ha sido la misma desde que los seres humanos poblamos esta tierra, los problemas morales básicos de la vida en sociedad son, en contextos diferentes, los mismos.  Pero es importante, me parece, reconocer que el problema de la corrupción no es solamente un problema jurídico, económico o político; es un problema moral.

De la impactante lectura de la tercera semana de adviento (Lucas 3, 10-18), tomo unos fragmentos que, creo yo, realmente huelga explicar, por su diáfana claridad. Pero quizás algunas reflexiones, para situarlos en nuestro contexto, sean válidas.

Cuando Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de los pecados dice el Evangelio de San Lucas que “Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: -‘Maestro, ¿qué hacemos nosotros?’ Él les contestó: ‘No exijáis más de lo establecido’”.

He aquí una cuestión fundamental, que todos los recaudadores —que eran los publicanos—, sea del gobierno nacional, sea del IGSS, sea de los gobiernos municipales o quienes administran aduanas, etcétera, deben tener muy presente: exigir más de lo establecido por las normas legales no solamente es ilegal, es inmoral. Es contrario a los cimientos fundamentales de la convivencia social y lesiona, de una manera característica de las relaciones morales, a la víctima que, ante el poder público del recaudador, queda entre la espada y la pared.

“Unos militares le preguntaron: -‘¿Qué hacemos nosotros?’ Él les contestó: ‘No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga’”.

Creo que la noción de “militares” en ese pasaje no ha de entenderse literalmente, sino que alcanza a todos quienes actúan respaldados por el poder coercitivo del Estado.

Todos los que tienen la posibilidad de usar de su poder para, por ejemplo, extorsionar una suma de dinero a cambio de conceder una licencia o permiso administrativo, a cambio de que el expediente de una multa se extravíe, a cambio, en fin, de cualquier resultado favorable o no dañino que dependa de la potestad discrecional de un funcionario.

Y la idea de “contentarse con la paga”, es de una importancia enorme en el contexto político de Guatemala en la actualidad. Esto implica que los cargos públicos no pueden, moralmente, considerarse ni buscarse para enriquecerse.

Por supuesto, el régimen del servicio civil del Estado debe contemplar remuneraciones competitivas, para atraer al talento profesional o técnico que haga falta en sus diversas administraciones públicas, pero el punto es que una persona que forme parte del servicio civil debe considerarse obligada a realizar sus funciones con excelencia a cambio de las prestaciones existentes.

Y ¿qué decir de la aberración de las “plazas fantasmas”, la concesión de empleos públicos a cambio de “comisiones” y otras formas aberrantes de defraudar al Estado y a los ciudadanos?

Todos esos fenómenos de corrupción, además de ser ilegales y de merecer las sanciones que el ordenamiento jurídico establece, son graves faltas morales que merecen el reproche correspondiente. Son actos que minan los fundamentos de la convivencia social, y sus actores, al realizarlos, se sitúan fuera del ámbito de las relaciones que nacen y se cultivan entre personas que comparten ciertos valores y principios. Son inmorales.