EL ASUNTO DE LOS HORARIOS del transporte pesado aún no está terminado: falta la aprobación del tozudo alcalde Álvaro Arzú. Una vez superada la emergencia, sus factores principales deben ser analizados con una serenidad derivada de la búsqueda del bien común y de las soluciones a corto, mediano y largo plazo indispensables para ese fin. El primero de estos temas, estoy convencido, es el de estudiar la autonomía como concepto de gobierno. Cuando hace varias décadas se integró a sistema legal del país, despertó pocas críticas porque evidentemente es necesario y conveniente limitar la capacidad del gobierno central, sujeto a vaivenes políticos, para meter sus manos en el manejo y las decisiones en varias entidades nacionales.

DE ALLÍ NACIERON la autonomía a la Universidad de San Carlos, al deporte, al seguro social y otros. Quedaba clara la necesidad de esta separación con el gobierno, pero este válido supuesto estaba y sigue estando basado en la aplicación racional del concepto: esto incluye confiar en la renuncia voluntaria de los burócratas a buscar vericuetos legales útiles para, con el pretexto de defenderla, causar daños de cualquier tipo a la generalidad ciudadana. Una idea colateral, claramente, es hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr la participación de personas no solo capaces, sino con una necesaria aptitud de comprender algo: todo abuso a la aplicación de esta autonomía, causante por ello de impopularidad, la pone en un absoluto riesgo.

LA RECIENTE CRISIS DEL transporte es un buen ejemplo de un serio riesgo a la autonomía municipal. Ciertamente, la capital tiene un serio problema causado por el creciente número de vehículos de todo tipo en circulación por sus cada vez más insuficientes calles. Corresponde a la municipalidad capitalina resolverlo y el gobierno debe permanecer fuera del asunto. Sin embargo, el asunto cambia de especia cuando se provoca una crisis nacional e internacional a causa de una decisión tomada personalmente por una persona atrabiliaria situada en este momento a la cabeza de la mayor ciudad del istmo centroamericano. Arremetió contra un grupo social determinado, en este caso los transportistas, especialmente de pequeñas empresas.

LA REACCIÓN DE ELLOS fue eso, reacción no meditada y en mucho inconsciente, pero hasta cierto punto desesperada. El presidente Jimmy Morales, al indicarles de su imposibilidad para intervenir, exacerbó los ánimos, y solamente logró en cierta forma enderezar el entuerto cuando el viernes logró un acuerdo con los afectados. El monarca absoluto tropical radicado en el Palacio de la Loba ahora está en la obligación de acatar lo acordado en la casa presidencial, donde fue notoria la ausencia de algún representante municipal o de él, esto último talvez como una contribución a la calma de la reunión. Pese la normalización de las actividades, ahora este personaje debería ser sujeto a acciones legales para responder por las pérdidas por él causadas.

LA AUTONOMÍA TIENE LÍMITES. Es un tema poco claro y por ello los analistas legales tienen materia para dictaminar acerca del asunto. Si los demás alcaldes del país interpretan lo ocurrido como un cheque en blanco para cualquier decisión, sin importar si es justificada o absurda, la mesa está servida para un caos y para el fin del apoyo popular a esa independencia en el accionar de los jefes ediles. Por eso, los verdaderos efectos de lo ocurrido, y sobre todo sus causas, comenzarán a verse en mediano o largo plazo. Es una mala semilla, sembrada por la incapacidad, la testarudez y el capricho. Pero el daño ya está hecho. Las quejas ciudadanas sobre otras acciones municipales pueden ser el inicio del fin de una larga y cuestionable carrera política.