De la lucha contra la corrupción y la impunidad pueden sacarse infinidad de aprendizajes. Aunque el análisis no se agota en una columna, hay algunas reflexiones que vale la pena realizar, sobre todo ahora que se acrecentó la campaña de desinformación y los ataques contra las instituciones y las personas que la encabezan y respaldan.

En la medida que se avance y se profundice habrá otras conclusiones y, a partir de ahí, transformaciones que deberán impulsarse. Aunque a juzgar por lo que está ocurriendo, los sectores afectados (políticos, funcionarios y exfuncionarios, diputados y exdiputados, empresarios tradicionales y emergentes, banqueros, militares —de alta y en retiro— narcos, evasores y defraudadores), siguen empeñados en frenar cualquier camino de transformación del sistema en el que están afincados sus intereses y privilegios.

La impunidad del presente es la impunidad del pasado: Las estructuras criminales de hoy (redes político-económicas ilícitas) tienen su origen en las estructuras criminales (cuerpos ilegales y aparatos clandestinos) de la guerra. Estos aparatos de represión (vigilaron, secuestraron, torturaron, asesinaron) también conformaron una red mafiosa para hacer negocios al amparo de la institucionalidad del Estado, por eso la coincidencia de que muchos de los señalados en casos de corrupción sean también responsables de crímenes de lesa humanidad.

La alianza oligárquico-militar: La estrategia contrainsurgente del Estado durante los años de la guerra tuvo como objetivo central defender el sistema económico impuesto por la oligarquía. Esa alianza, que se mantuvo a lo largo de 36 años, empezó a resquebrajarse con los juicios contra los militares responsables de gravísimas violaciones a los DDHH. La constatación de que el sector económico -que los “utilizó y financió” para defender sus intereses- les dejó solos enfrentando a la justicia, les colocó en sendas separadas. El “jueves negro” orquestado durante el gobierno Ríos Montt-Portillo es el mejor ejemplo de esa ruptura. Sin embargo, el juicio por genocidio los reunió (un amplio sector de las familias oligarcas estaba convencido que una condena a Ríos Montt supondría luego la persecución penal en su contra) y las investigaciones y procesos penales por corrupción terminaron por afianzar de nuevo la alianza. La conformación de la actual junta directiva del Congreso, la coincidencia de abogados defensores de corruptos, militares y narcos; la concomitancia en los discursos y la cobertura periodística de medios otrora disímiles son solamente algunas de esas señales.

Las personas sí importan: La llegada al MP de Amílcar Velásquez Zarate, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana supusieron un cambio de ruta hacia la persecución penal estratégica que está permitiendo el desmantelamiento de redes criminales que habían sido protegidas por otros fiscales generales. La Cicig con Iván Velásquez a la cabeza supuso un cambio de timón y la comisión internacional empezó a cumplir con su mandato. Por eso la insistencia en sacarlo del país y elegir un nuevo FG a la medida de sus intereses.

La movilización social es fundamental: La participación y movilización ciudadana en respaldo a la lucha contra la impunidad ha sido un factor imprescindible sin el cual no se habría podido avanzar hasta el punto en que nos encontramos ahora. Por eso la intención del bloque pro-impunidad de silenciarnos y desmovilizarnos, utilizando la vieja máxima de “confunde, divide y vencerás”.

Del 2015 para acá ellos aprendieron la lección. ¿Habremos aprendido la nuestra?

@MarielosMonzon