Obtuvo el primer lugar en la Escuela de Estudios Judiciales, en el año 2001, con un promedio de 98 puntos. Según dicta la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial (OJ), los primeros 10 lugares deben ser nombrados como los más aptos para ocupar el cargo al cual aplican. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de entonces no nombra a Érika Lorena Aifán Dávila.

Cuando ella pregunta las razones, le responden: “Téngase presente para su oportunidad”. La Corte de Constitucionalidad (CC) la ampara y ordena a la CSJ nombrarla en un plazo no mayor de cinco días. Como castigo, la CSJ la nombra, pero la envía a Ixchiguán, San Marcos, donde pasa más de tres años como jueza. Así, entra a formar parte de la denominada “lista negra”, conformada por funcionarios a los que les hacen la vida imposible por no estar del lado de “la estructura” proimpunidad y corrupción dentro del OJ. Sistemáticamente le niegan permisos de atención médica, insumos y trabaja en condiciones precarias. Y un día, por un error de cálculo, oye a una persona que aún trabaja en la CSJ decirle por teléfono a su oficial: “Mirá mijito, tú seguí entreteniéndola. Ya sabés que tenemos instrucciones de desesperarla”.

Cuando cambia la Corte (2006), la envían a Jutiapa, como jueza de primera instancia penal. Nunca antes una mujer había ocupado ese cargo, en el cual se mantuvo por más de nueve años. Con el respaldo de esa Corte, Aifán obtiene por primera vez seguridad. Ella llegó a “oralizar” Jutiapa, cambió el personal que no compartía su enfoque de trabajo, y fue socia fundadora de la Asoc. de Abogadas y Notarias de Jutiapa, con fines académicos. De 29 casos anuales, la mayoría por accidentes de tránsito y parecidos, el juzgado pasó a conocer 60 casos de alto impacto en el segundo año, hasta llegar a casi 300 al término de su gestión. Durante ese periodo, es ella quien lleva el caso Parlacén, y también es cuando Blanca Stalling pide que la investiguen por razones como poner fianzas muy altas.

En 2014, la parte de “la estructura” que vuelve a la CSJ no la olvida. Ante la sospecha de que pueda optar al cargo de magistrada de Sala, surgen más denuncias en su contra, una a cual más infundada, malintencionada e increíble que la otra. Todas son descartadas. Vuelven a castigarla, enviándola a Santa Rosa, como parte del Tribunal de Sentencia. Mientras conduce su último caso en Jutiapa, escucha que le dedican en la esquina de la calle frente al lugar donde se llevaba a cabo la audiencia canciones como Te vas, ángel mío, Sacaremos ese buey de la barranca y Las Golondrinas, entonadas a voz en cuello por sus “colegas” del gremio.

Es el 2015, y abogados que hoy son defensores de acusados en casos como Corrupción y Construcción vuelven a tomarla en su contra, interponiendo recursos para sacarla de la jugada. La CSJ le cambia cada 15 días a su personal de seguridad. En el 2016 Aifán opta al cargo de jueza de Mayor Riesgo. Y hoy que ocupa el cargo, los tentáculos de “la estructura” son tantos que sigue trabajando con poco apoyo administrativo y de personal. La valiente jueza ha llevado casos gigantes como Chico Dólar, Bitkov, Comisiones Paralelas, Financiamiento Electoral Ilícito, Construcción y Corrupción, Caja de Pandora, Odebrecht y otros. Por eso la quieren cansar. Enfrenta un nuevo antejuicio de Eddy Orellana, considerado improcedente por varios abogados, ya que hay criterios constitucionales que así lo determinan (art. 293 Código Penal). Sería ilegal y violatorio que dictaminaran contra la jueza, porque incluso la Junta de Disciplina del OJ ya resolvió que su actuación estuvo apegada al artículo en mención. ¿Por qué ahora la CC se demora en ampararla? ¿Cómo se sentirían otros jueces que trabajan casos de alto impacto si lo ilegal prosperara? ¿Cómo afectaría a Guatemala que las buenas juezas y jueces fueran separados de los casos que quiebran la impunidad? No más cantos de golondrinas para estas mujeres y hombres probos que peinan a contrapelo la justicia guatemalteca, sino gratitud. Y alas para esa Justicia que anhelamos vivir.

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