La designación de facilitadores judiciales hizo nacer la esperanza de generar representantes comunitarios que ayudaran en la administración de justicia. Creados por el decreto 12-2016 del Congreso de la República, los facilitadores son personas designadas por la comunidad que voluntariamente han ofrecido sus servicios para ser enlace entre la población y el Juzgado de Paz Municipal, con el objetivo de garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia, promover la cultura de paz y fortalecer los mecanismos de resolución alternativa y conflictos, sirven como un amigable componedor y como vía para mantener la convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad. Su actuación es estrictamente local, no pudiendo desbordar los límites municipales. Ejercen la justicia rogada, es decir a petición de los vecinos, o por mandato expreso del juez de Paz. Entre los requisitos se encuentra ser bilingües, así como escogidos por una asamblea aldeana o de caserío.

La importancia de este proceso era fundamental. De balde se habrá de discutir la reforma judicial a nivel constitucional, si se carece de legitimación frente a la realidad pluricultural del país. Durante mucho tiempo se indicó que de la misma manera que en Japón existen los tribunales de vecinos, en el país debiera intentarse esta primera actuación judicial.

Pero los ladinos son ladinos, dar empleo es ganar incondicionales. Promulgada el 2 de febrero y publicada el 4 de marzo, no pasó un mes cuando ya se tenía a los entacuchados para administrar justicia local. Un rayo cae más despacio que el proceso de celebrar asambleas comunitarias y realizar una capacitación a toda máquina. Integrada por los presidentes de cada una de las Cámaras de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la misma, la Comisión Coordinadora no solo hizo el reglamento, sino logró que lo aprobara la Corte al chilazo. Todo el proceso no tardó ni un mes. ¡Qué tal!

Ahora, allí están, los señorones. No tardarán en contratar secretarias y generar los procesos lentos y pesados en cada localidad. Algunos podrán ser bilingües pero no tendrán legitimidad local, son ladinos que prosiguen el largo proceso de terminar con las culturas sojuzgadas iniciado en la colonización española.

Mientras tanto el Comisionado Internacional contra la Impunidad, Iván José Velasquez Wilches, habla al aire. No se da cuenta de que un nivel fundamental de la justicia fue copado por ladinos. No importa que se apelliden Baquiax o Charchal, el problema es que son ladinos.

Por eso cuando alguien dice que en el país hay indígenas y mestizos, cuenta un chiste. En efecto, no hay nadie que pueda presumir de raza pura, todos los humanos somos mestizos. Y en Guatemala el 99% tenemos genes especialmente localizados en el continente americano. Una mezcla de genes más extensa avanza con la historia. No se trata de racismo, sino de realidades sociales. El antropólogo Paul Rabinov lo dijo: el racismo fue derrotado por la genética.

Múltiples comunidades rurales desean acceder a la organización estatal. Por ello los facilitadores judiciales no deben ser estudiantes fracasados de Derecho, sino líderes respetados de la comunidad que ejercen de amigables componedores en la actualidad.

Hay que reconocer el éxito de los ladinos en ahogar a las nacionalidades locales. Se trata de privarlos de sus lenguas, sus maneras propias de organizar el parentesco, sus expresiones artísticas e idiosincrasia. Lo que era un proyecto para recrear la cultura se convirtió en maniobra de aherrojamiento. Mientras tanto, la Cicig solicitando dinero.

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