Si bien las extorsiones a manos de pandilleros son una pesadilla recurrente para miles de personas en Centroamérica, en el fondo se observa un patrón de conducta que se repite en otros escenarios: cuando se cede ante el extorsionista se inicia un camino sin retorno a la normalidad y a veces ese calvario termina con la muerte, simbólica o real de las víctimas.

En el fondo, los vulgares extorsionistas se diferencian muy poco de quienes han encontrado en otras escalas de poder una palanca para abusar, de manera impune, de diversos sectores, a los que someten a abusos, y tarde o temprano incluso terminan sacrificando su entorno más cercano o actividades, y aun a aquellos que en algún momento sirvieron de comparsa en modalidades que estaban condenadas al fracaso, porque se sustentaban en el abuso y en un generalizado irrespeto a la norma.

Esta es la siguiente etapa a la que ha escalado la crisis en Nicaragua, donde la tiranía encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha montado una nueva ofensiva a través de una reforma tributaria, según ellos para afrontar la crisis económica que vive el país, y en esta ocasión el objetivo es el poderoso sector empresarial, que hace menos de un año lo veía como un aliado al que podía controlar.

No ha sido así. La represión inicialmente dirigida de manera infame y mortal contra la población avanza ahora contra el sector privado organizado, contra el cual Ortega ve la posibilidad de cobrar venganza por los reclamos que, junto a millones de nicaragüenses, lanzó ante la excesiva represión gubernamental que ya deja centenares de muertos y un desborde de intolerancia hacia la prensa independiente.

A inicios de semana, la tiranía envió a la Asamblea Nacional la propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que eleva el impuesto sobre la renta, el impuesto selectivo al consumo y las rentas a la actividad económica, de capital y ganancias, lo que supone un durísimo golpe a la actividad productiva, que difícilmente podrá afrontar esa nueva carga impositiva, ante la calamitosa situación económica por la que atraviesa ese país, planteada sin la participación de ningún sector.

El mayor revés para el empresariado nicaragüense es que todo reclamo del sector organizado no ha encontrado eco en el régimen ortega-murillista, y la la propuesta gubernamental se discute hoy en la Asamblea Nacional, en la cual el sandinismo controla los votos y seguramente la aprobará. Planteado como uno de los más agresivos de toda la región, este paquetazo denota el revanchismo con que el tirano nicaragüense busca acallar a sus críticos y antiguos aliados.

Ortega y sus estrategas saben que esa nueva reforma, mucho más agresiva que la modificación a la seguridad social que se intentó pasar en abril de 2018, solo acrecentará el descontento en Nicaragua y puede llevar a mayores niveles la confrontación, porque ante una crisis económica sin precedentes no se puede actuar como un vil extorsionista y buscar de manera infame quién pague las consecuencias de la ingobernabilidad.

La supuesta pretensión de castigar al sector empresarial también es un argumento falaz, pues tarde o temprano toda carga tributaria termina impactando en los consumidores, que son quienes pagan las consecuencias de los desaciertos y el abuso de gobernantes inescrupulosos e irrespetuosos.