Hace tiempo que una  gigantesca ola de corrupción golpea los bordes del poder político en América Latina y los entes investigadores y la justicia misma han estado más ciegos que nunca, dejando hacer y dejando pasar, meciéndose alegres en la hamaca de la impunidad.

Pero, eso está por terminar. La sociedad está obligando al poder político a tragar un poco de la sal mezclada de sal y arena que la ola lanza a la playa política todos los días.

En el Perú, cito aquí el primer caso, han estado siendo procesados desde hace siete años 12,000 funcionarios de diversos niveles de la administración pública, acusados de incurrir en hechos de corrupción, según declaró el contralor general de Perú, Nelson Shack Yalta, a Xinhua, la fenomenal agencia de noticias china.

No es en el Perú una sorpresa. En el periodo 2009-2017, los dos contralores que le antecedieron llevaron ante la justicia penal a más de 16.000 funcionarios; de los cuales solo 61 fueron condenados, añadió el funcionario declarante.

Y en todas partes la corrupción es la misma. Nace en los partidos políticos, se expande en la función pública, y se consuma en fenomenales negocios con empresarios particulares ligados estrechamente a los detentadores del poder. Es el poderoso olor del dinero.

El problema en Guatemala, a diferencia de lo sucedido en el extranjero, es que aquí hasta hace poco tiempo las técnicas de investigación eran rudimentarias y estaban sometidas a la autoridad cómplice, hasta que llegó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y, juntamente con el Ministerio Público, impulsó una revolución investigativa que ha estremecido al poder político hasta sus cimientos.

Lo más impactante ocurrido esta semana es la aprehensión del expresidente Álvaro Colom y varios de los que fueron ministros durante su Gobierno, acusados hoy de tener responsabilidad en un fraude de 35 millones de dólares, equivalentes a unos 262 millones de quetzales aproximadamente, cometido al aprobar operaciones financieras para crear y poner en funcionamiento la empresa de transporte que opera bajo el nombre de Transurbano.

No faltan quienes consideran una pesadilla ver engrilletados al ciudadano que perdió su matrimonio, cuando era presidente, y a Alberto Fuentes Night, bajo una acusación que, de ser probada, pondría fin a su carrera política y a su calidad de ciudadano libre.

Ya suman cuatro exgobernantes de la República, sometidos a procesos penales, bajo la acusación de haber cometido delitos, de distinta tipificación, cuando ostentaban el poder ganado en elecciones populares y de amplia participación, o tras levantamientos militares: Alfonso Portillo, Efraín Ríos Montt, Otto Pérez Molina, y ahora el máximo exponente de la socialdemocracia guatemalteca. ¿Es, en realidad esto una pesadilla? No, responden otros, es la música que pone alegres a todos aquellos que en las manifestaciones públicas y en otros actos elevaban sus dedos acusadores contra los gobernantes de Guatemala.

Y en la opinión pública internacional, lo que está ocurriendo aquí es un buen ejemplo a seguir, a tal punto que en el programa de la periodista Carmen Aristegui fue entrevistado un analista político, también mexicano, en torno a la designación de un nuevo procurador general de la República y entre otras cosas que este dijo figura la consideración de Guatemala como ejemplo para el mundo, por lo que hizo y logró el pueblo guatemalteco con las grandes manifestaciones públicas de 2015.

El analista, ese, parece tener toda la razón.