Después de un primer mes de improvisación del gobierno, de cierta iniciativa en el Congreso, y de una actividad continua y serena del sistema judicial, se combinan ahora una restauración de la vieja forma de hacer política y del pensamiento conservador en Guatemala. Al esfuerzo inicial dirigido a favorecer la transparencia del empleo y de los salarios ofrecidos en el Congreso siguió un retorno a la vieja política: lo ejemplificó de manera dramática el traslado masivo de diputados de diversas bancadas hacia la bancada oficial. Fue un engaño. La promesa de que no se acudiría al transfuguismo quedó por los suelos.

A ello se sumó una clara manifestación de restauración conservadora: la aprobación de la ley dirigida a extender privilegios fiscales por otros 10 años a empresas de vestuario y textiles, junto con nuevos privilegios para exportadores de servicios de negocios (como los call centers), así como para proveedores de ambos sectores. Esta iniciativa no se justificó con estudios técnicos y estadísticas; ni siquiera se contó con el dato preciso de los empleos generados en los sectores favorecidos. Lo que prevaleció fue un intenso cabildeo ante candidatos durante el período electoral, cuando se encontraban en una situación de vulnerabilidad, debido a su necesidad de financiamiento. Siguió una segunda ola de cabildeo y de promesas ante diputados en febrero. Así se aseguró la mayoritaria aprobación de esta iniciativa. Se restauró la vieja forma de hacer política, dominada por intereses económicos. Continúan presentes ahora que el poder Ejecutivo y parte del Congreso pretenden evitar, con un directorio mediatizado, que la SAT y el nuevo superintendente tengan la fuerza para realmente cobrarles impuestos a los grandes empresarios.

Otro ejemplo de restauración de la vieja política está reflejado en la aprobación de las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. ¡Qué lejos está de lo que las manifestaciones pretendían en el 2015! Pero no sorprende. Aparte de impedir la posibilidad de alguna paridad de género o étnica, se rechazó la necesidad de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, que le habría dado mayores posibilidades de controlar a los partidos políticos tradicionales. Al mismo tiempo se reforzaron los obstáculos que enfrentan no solo los comités cívicos, sino también eventuales partidos políticos nuevos. A pesar de la persecución penal de varios dirigentes políticos tradicionales persiste la forma tradicional de hacer política para resguardar los intereses de aquellos que ya son parte de la clase política tradicional.

El ejemplo final de restauración ha sido el proceso de elección de la Corte de Constitucionalidad. No fue posible escapar de la incidencia de los gremios e intereses sectoriales, aunque la influencia del sector privado tradicional se redujo. Hubo más transparencia, aunque no por parte del presidente. Entre los magistrados hay diferencias importantes, pero predominaron los intereses gremiales, emergentes. Se redujo la probabilidad de contar con una Corte que pudiera contribuir a una reinterpretación gradual de nuestra Constitución, acorde con los nuevos tiempos, con lo manifestado en la plaza el año pasado y con intereses nacionales. Y existe el peligro de que la mayoría en la nueva Corte interprete a la Constitución con vistas a favorecer los intereses de los que impulsaron la elección de los magistrados. La Corte también podría ser una restauración conservadora basada en la vieja forma de hacer política. El tiempo lo dirá.

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