De un plumazo, como suele decirse coloquialmente, el secretario de Estado, Michael Pompeo, envió al cesto de la basura todo el derroche de fortaleza militar y policial con las que se rodeó el presidente Jimmy Morales para anunciar que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

Esta es la lectura más cruda que debe hacerse de lo que refleja el fondo del mensaje dado a conocer por la vocera del funcionario estadounidense, pues casi con una dosis de humor negro le dice al mandatario guatemalteco que respeta su soberanía, pero en las líneas subsiguientes le deja claro que a partir del próximo año se iniciarán discusiones para replantear una Cicig renovada, algo que no necesariamente implica un diseño exclusivo del Departamento de Estado.

De vuelta a la realidad y tras haber obtenido un poco de oxígeno, el presidente Jimmy Morales podrá cobrar conciencia de que el agujero que empezó a excavar el año pasado, cuando intentó expulsar al comisionado Iván Velásquez, se ha hecho más profundo y junto a su entorno más inmediato han complicado más su propia situación, pues no solo deben ahora desdecirse de lo afirmado en las últimas conferencias de prensa, sino que están a las puertas de enfrentar señalamientos más serios.

Si existía alguna duda sobre lo intrascendente que pueden llegar a ser decisiones de algunos presidentes de esta región, con el comunicado del secretario de Estado queda claro que la palmada sobre el hombro para Morales debe ser suficiente para atemperar sus angustias, aunque esto no le alivia la incertidumbre, pues el comunicado también reitera que sigue invariable la lucha contra la corrupción, y en esos esfuerzos es en los que Washington necesita a sus mejores aliados, por las consecuencias que para muchos indicadores de desarrollo tiene la actitud licenciosa de todo funcionario.

Dos realidades permiten suponer que el brazo de la justicia podría fortalecerse mucho más que su actual estado. Por un lado, está la firme postura de demócratas y republicanos en ambas cámaras del Congreso estadounidense sobre cómo debe funcionar la Cicig, y mucho tendrán que decir quienes tienen en sus manos la llave para el flujo de recursos, como lo demostró hace pocos meses el senador Marco Rubio, quien logró congelar por algunos meses recursos para la comisión.

Por el otro lado también está el grupo de países donantes, que en conjunto aportan una cantidad que supera en mucho a Estados Unidos respecto de la lucha contra la corrupción, y son quienes también deberán opinar sobre la nueva configuración de una Cicig renovada, para decidir hasta dónde apoyan la visión de Washington, o si deciden ponerse del lado de los legisladores estadounidenses que buscan el funcionamiento pleno de una oficina contra la corrupción.

Dos caminos se abren ante ese escenario: si Washington quiere de verdad combatir la corrupción en estos países, seguramente tendrá que atender las opiniones del resto de países donantes o asumir el riesgo de impulsar un proyecto debilitado, incluso con el riesgo de castigar otros rubros de cooperación que están en manos de poderosos congresistas y senadores que no han visto con buenos ojos la actitud del secretario Pompeo.