En treinta años de periodismo de opinión, nunca había percibido un desencanto tan enconado con “la prensa”. Es un desencanto que procede, según mi percepción, principalmente, de la comunidad de negocios. Por supuesto, no de todos, pero sí de un grupo suficientemente importante y activo, como para que no pueda pasar desapercibido.

Las razones están claras, así me parece. Es una comunidad que se estima “atacada” como grupo y, naturalmente, reacciona como tal. Es un movimiento de esos que, en inglés, suelen describir como “desde la entraña”.

Son cuatro las áreas principales en las que la comunidad de negocios ha identificado un despliegue en su contra, a saber: los impuestos, el tráfico de influencias, las contribuciones a partidos o a políticos y las contrataciones con el Estado o sus entidades.

Pero, por supuesto, esos ataques no provienen de la prensa. Lo que ocurre es que a la prensa se la percibe como una especie de “aliada del enemigo”. A la prensa se la mira casi como el “instrumento de propaganda” del enemigo que, en buena parte, son la Cicig, los órganos del MP que trabajan con esa comisión y, durante cierto período de tiempo, también la SAT.

No creo que la prensa juegue ese papel de aliada del enemigo. No existen motivos de interés particular para que así fuera como tampoco propósitos de interés público. Eso no quiere decir que no haya editoriales o reportajes que puedan juzgarse de inoportunos, otros de inexactos o, incluso, algunos de sesgados. Todo eso es “materia opinable”, pero ¿no es de eso mismo de lo que se queja el presidente Trump, de lo que se quejaba el expresidente Correa y contra lo cual reclama el madatario Maduro —con lo cual casi ha suprimido la libertad de prensa—?

Pienso que lo que pasa es que la sociedad guatemalteca pasa por una crisis histórica. Una crisis que surge del hecho que, durante unas tres décadas y media, ha vivido en una suerte de “dos mundos”. Uno de esos mundos es el de la tantas veces llamada “letra muerta” de la Constitución y las leyes. Es un mundo que establece unos valores y principios rectores de la vida institucional, que ordena todo un entramado de órganos públicos para la prosecución de dichos valores y principios, incluyendo un Poder Judicial, como llave de cierre del sistema. Ese mundo supone que los empresarios compiten entre sí por el favor de los consumidores, que los patronos negocian con los trabajadores con seriedad y respeto recíproco, los contratistas del Estado ganan licitaciones transparentes; y los partidos políticos buscan a los mejores ciudadanos para dirigir los órganos del Estado y proponer las políticas públicas que puedan vencer los grandes desafíos del subdesarrollo.

Paralelamente discurre otro mundo. Es uno en que algunos empresarios y algunos políticos negocian constantemente ventajas, privilegios o proteccionismos, en que los sindicatos del Estado negocian prebendas insostenibles con los políticos, a cambio de su apoyo electoral; en que algunos contratistas del Estado se involucran en el proceso político para asegurarse el éxito en sus licitaciones; en que el ciudadano medio percibe un vacío enorme de valores y principios y el Poder Judicial hace valer la Constitución y las leyes selectiva o arbitrariamente, porque es una suerte de “extensión” del proceso político.

Y yo me pregunto ¿puede la prensa dejar de ser crítica de esa “doble realidad” de la vida nacional?

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