Estamos inmersos en una profunda crisis política que aún no tiene visos de resolverse. Luego de un período donde prosperaron acciones de lucha contra la corrupción, los acontecimientos de las últimas semanas han ensombrecido nuevamente las esperanzas ciudadanas de que nos encaminábamos en la dirección correcta en la limpieza y depuración de los Organismos del Estado. Más bien, han arreciado el contraataque de quienes no quieren que el país deje de ser un botín.

En el ínterin, hemos perdido la atención sobre temas que, hasta hace dos años, eran prioridad. Uno de ellos es la desnutrición crónica de la niñez. Ocupamos un deshonroso tercer lugar a escala mundial con este indicador; pero más importante todavía es que estamos condenando a cadena perpetua a estos niños y niñas desde muy corta edad, empeñando sus posibilidades de un futuro digno. Sin embargo, pasamos de hablar de “Hambre Cero” todo el tiempo, a un silencio casi total, a pesar que el gobierno actual ha planteado su “Estrategia para la reducción de la desnutrición crónica”, de la cual tampoco sabemos mucho a la fecha sobre su ejecución y logros.

Hubiera sido ideal que el diseño de la nueva estrategia gubernamental partiera de los resultados de la evaluación de impacto de Hambre Cero y de una amplia discusión social sobre el tema, que abonara insumos para las acciones posteriores. Sin embargo, si bien se invirtieron significativos recursos en monitoreo y evaluación, nunca se supo del gobierno anterior ni del de transición, si Pacto Hambre Cero (PHC) significó o no mejoras reales en la reducción de la desnutrición crónica de la niñez menor de 2 años en los 166 municipios priorizados.

Esto hubiera dado luces al gobierno actual para recalibrar las metas de manera realista, y comprender qué cosas se hicieron bien o mal en ese momento. También omitió mencionar la crisis del sistema público de salud, en quien recargaron absurdamente la responsabilidad de reducir la desnutrición crónica en el país, como si éste fuera un asunto sectorial y no el efecto de múltiples procesos que vinculan el funcionamiento de la economía con la capacidad del Estado para apoyar programas tales como el de agricultura familiar.

Se sabe que la evaluación final de impacto del PHC no se dio a conocer a la opinión pública, pero si fue presentada en círculos cerrados de gabinete, cooperantes, algunos centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema de nutrición. Difícil aceptar esta actitud, siendo que es a nosotros, la ciudadanía, a quienes se deben rendir las cuentas.

Muchos consideran que el Pacto Hambre Cero y su plan es parte del pasado; que es mejor un “borrón y cuenta nueva”. Sin embargo, el país y la comunidad internacional invirtieron muchísimo dinero y esfuerzo en este Plan; que por lo menos sirva esa experiencia para clarificar cómo proceder ahora, especialmente cuando la tarea actual es, más bien, revertir la tendencia al deterioro que ocurrió durante el gobierno anterior y que se ha documentado un estudio reciente, hecho por la Asociación GAED, que se presentará públicamente el próximo jueves 24 de noviembre en Ciudad de Guatemala.

El hallazgo más preocupante, que señala el estudio es que, más que reducirse, la desnutrición crónica de la niñez aumentó de forma significativa, pasando de 50% en el 2012 a 54.4% en el 2014, afectando principalmente a niñas del área rural; sobre todo, a los que nacieron justamente durante el período de implementación del Plan.

¿Cómo se explica ésto, cuando la población meta del Plan Hambre Cero era precisamente, las niñas y los niños menores de 2 años?