Lo que se conoce como macroeconomía se desarrolló como una rama de la economía durante la Gran Depresión, en la década de 1930, cuando existía una situación de masivo desempleo en todo el mundo.  La política macroeconómica, como combinación de la política fiscal y monetaria, surgió entonces como una respuesta ambiciosa para contribuir al pleno empleo.

Ochenta años más tarde la política macroeconómica de Guatemala no tiene por objeto favorecer el empleo y la inversión. La política monetaria y cambiaria del Banco de Guatemala se orienta solamente a alcanzar un objetivo: reducir la inflación. Y la política fiscal, capturada por restricciones constitucionales de la tributación y por leyes que impiden un uso racional del gasto, además de estar condicionada por visiones ideológicas que favorecen el Estado mínimo y por el temor a denuncias de corrupción, tampoco favorece la inversión y el empleo.

Los efectos están a la vista: la economía crece por inercia. La inversión privada y pública apenas alcanzan para mantener el acervo de capital existente. La población en edad de trabajar busca emplearse donde pueda. Y las remesas y capitales especulativos e ilícitos inundan de dólares al país y dan lugar a que el quetzal suba de valor en relación al dólar. Desde la perspectiva del Banco de Guatemala, abarata las importaciones y reduce las presiones inflacionarias.

Pero, al hacerlo, favorece una economía del consumo, reflejada en una creciente brecha entre las importaciones de bienes de consumo y las de bienes de capital. Como consecuencia, un comercio de baja productividad, dedicado principalmente a vender bienes importados, se ha vuelto el sector que más empleos genera. Y con escasa inversión no debe sorprender que la productividad laboral lleve década y media estancada.

El resto de la historia es bien conocida: con el valor más alto del quetzal las importaciones inundan el país, el contrabando aumenta y los pequeños y medianos empresarios que abastecían el mercado nacional dejan de producir. Los servicios importados también abundan: basta identificar los diversos espectáculos de los más exóticos orígenes que cada semana se presentan en Guatemala. Y se ha detenido el patrón de diversificación y crecimiento de las exportaciones no tradicionales, envidia de otros países en el pasado. Importantes empresarios del sector abandonan Guatemala y buscan perspectivas más positivas en países como México y Perú.

Lo irónico es que el principal objetivo de la política macroeconómica, especialmente del Banco de Guatemala, que es la inflación, ni siquiera se está midiendo bien. No existe consenso sobre su nivel real, especialmente en lo que se refiere a la evolución de los precios de alimentos. El Instituto Nacional de Estadística no tiene la credibilidad –como tantas entidades del Estado- para encontrar una solución que sea aceptable para todos. A su vez, la incapacidad de la política fiscal para estimular el crecimiento por medio de más inversión pública es evidente. Y el monitoreo de la evolución del empleo, caracterizado por un subempleo eterno que apenas disfraza la vergonzosa falta de oportunidades de trabajo, no es prioridad.

Es obvia la necesidad de reflexionar sobre una nueva política macroeconómica, más centrada en favorecer la inversión, la producción para el mercado externo e interno y el empleo, en vez de sacrificar todo por una mal entendida y mal medida inflación. Hay quienes tienen pánico a esta reflexión: temen que se abandone la lucha por la inflación. No deberían tenerle miedo. Se requiere una política macroeconómica más equilibrada que, sin descuidar la inflación, comience a preocuparse también por la inversión y el empleo de los miles de guatemaltecos que cada año buscan desesperadamente un trabajo decente.