La denuncia hecha por el departamento de justicia de Estados Unidos acerca de los millonarios sobornos que la constructora brasileña Odebrecht hizo a varios políticos latinoamericanos, entre ellos varios guatemaltecos, no ha hecho más que confirmar la certeza sobre la enraizada y grosera corrupción en las estructuras gubernamentales.

En dicho escándalo aparecen personalidades de la política guatemalteca, quienes habrían recibido unos 18 millones de dólares entre 2012 y 2015. Esto refuerza la creencia de que el Partido Patriota no solo fue uno de los partidos más corruptos sino también se constituyó como una estructura para el saqueo del Estado, concepto que se puede aplicar además a otros gobiernos.

En lo concerniente a la política local, la denuncia se refiere a sobornos hechos a funcionarios por la construcción de un tramo carretero entre Guatemala y México, con lo cual también se constata que la obra pública es, ha sido y será una de las principales fuentes de corrupción, de lo cual solo ha fluido información como consecuencia de los escándalos destapados hace poco más de un año por la Cicig y el Ministerio Público.

Oderbrecht es ejemplo de esas empresas extranjeras que han llegado a límites insospechados de corromper a funcionarios, pues sus prácticas abarcan muchos años de operaciones bajo el mismo modelo, en el cual resultaron implicados numerosos políticos latinoamericanos para favorecer la concesión de obras.

En Guatemala, desde la aprobación del contrato para la ampliación de esa carretera se denunció que era a todas luces un proceso corrupto, empezando porque cuando eso ocurrió, en el Congreso ni siquiera era tema de agenda del día y de repente resultó como una propuesta presentada por los diputados Godofredo Rivera y Christian Bussinot, quienes hoy libran su batalla contra la justicia, para que finalmente fuera aprobado de manera expedita, resolución que se logró con 108 votos.

Cuando en Brasil se habían iniciado las investigaciones por esos casos de corrupción y durante allanamientos hechos por fiscales se presentó dentro de los expedientes sobre lavado un papel en el que claramente se leían los nombres de Otto Pérez Molina y Alejandro Sinibaldi. Este último habría sido beneficiado con un millón de dólares de coima que podría haber recibido a través del publicista Antonio Solá, quien fue uno de los estrategas del PP durante sus campañas electorales.

Aunque en aquella ocasión Sinibaldi calificó el documento en poder de la fiscalía brasileña como un “papelito shuco”, quedaba sembrada la duda sobre el otorgamiento de un contrato con una clara dedicatoria a una empresa que hoy ha quedado en evidencia como una de las más corruptoras de la historia latinoamericana, al punto de haber tenido que contraer un compromiso de resarcimiento con la justicia estadounidense.

Guatemala debe sumarse, como lo anunció el pasado jueves la fiscal general, Thelma Aldana, a los esfuerzos de la justicia internacional para identificar a quiénes hayan sido beneficiados con los sobornos brasileños, así cuáles empresas locales fueron subcontratadas, y en qué condiciones.