A un año del inicio de las movilizaciones sociales se percibe una restauración política con los mismos actores dominantes: el Cacif, la Embajada de los Estados Unidos y políticos tradicionales. En el Congreso logró predominio numérico una bancada oficial que ha dado muestras de corrupción y racismo. No hubo una gran renovación de la Corte de Constitucionalidad y todo apunta a que las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos buscarán consolidar y no democratizar nuestro perverso sistema de participación político-partidaria. El poder Ejecutivo, sin rumbo, no logra atender problemas básicos como los de salud.

¿Significa eso que fracasó la movilización social iniciada el 25 de abril? No.

Primero, la política tradicional ha sido severamente golpeada. Varios diputados del antiguo Congreso, incluyendo a algunos elegidos de nuevo, están sujetos a juicio. El PP y Líder casi desaparecieron. Se volvió una vergüenza pertenecer a estos partidos. Y ahora la reacción ciudadana, los medios de comunicación y el propio MP se han hecho sentir ante la agresión de la bancada tránsfuga del FCN contra la gobernadora Estela Ventura.

Segundo, se continúa fortaleciendo la justicia. Aparte de políticos y exfuncionarios, la línea 2 sigue siendo objeto de investigaciones, Aceros de Guatemala ya es objeto de un juicio y otros empresarios podrán serlo también. Cuando un país avanza hacia la igualdad ante la ley, no cabe descalificarlo como progreso cosmético. La Corte Suprema de Justicia y la nueva Corte de Constitucionalidad continuarán sujetas a la vigilancia cívica. Los acompañará un MP fortalecido por reformas legales recientes, apoyadas por la ciudadanía, y una Cicig con un mandato renovado. Y se vislumbra una significativa reforma judicial.

Tercero, hay avances en la SAT, donde primero quedó en evidencia la corrupción que desencadenó las manifestaciones de 2015. Existe una propuesta para reestructurarla, hay presión para regular el secreto bancario y la negativa del nuevo superintendente de impulsar una amnistía tributaria —como fue propuesta por el presidente— sugiere capacidad. Sin recursos no hay Estado. La reforma de la SAT puede ser un primer indicio del rescate del Estado.

Cuarto, nuestro concepto de democracia se ha ampliado. En el transcurso de 2015 aprendimos que la democracia es salir a la calle, protestar de manera colectiva, hablar y cantar sin restricciones, expresarnos de mil maneras, asociar las clases medias con campesinos e indígenas y no solo votar cada cuatro años. La marcha por el agua refleja una llama que se mantiene viva.

Quinto, existe una corriente subterránea constituida por varios movimientos, en parte integrados por jóvenes, que están fortaleciendo sus organizaciones. No necesariamente se ubican dentro de la tradicional división entre derecha e izquierda que marcó nuestro llamado conflicto armado interno, pero comparten la visión de que hay que sacar a Guatemala de la inercia y que hay que acelerar nuestra historia, como se aceleró en 2015. Las semillas del cambio han sido sembradas.

Estamos en una nueva etapa pero persisten viejos problemas. Persiste un sistema político-partidario que asegura el ascenso y permanencia de individuos sin escrúpulos que acuden a la amenaza y a la corrupción come medios para ejercer el poder y beneficiarse de él. Ahora eso es más evidente que nunca. Por eso el objetivo estratégico de los que se oponen activamente a este sistema está claro: denunciarlo y organizarse para renovar a la clase política, que es la vía más segura para reformar al Estado.

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