Mi socio y yo recientemente asistimos —invitados por la Autoridad de Competencia de El Salvador—, al Seminario Internacional Derecho de Competencia y Desarrollo Económico: ¿Una sola fórmula para todos? Cada vez que asistimos a estos eventos nos embarga una gran alegría por reencontrarnos con viejos amigos e ilusión por hacer nuevas amistades y sobretodo por aprender un poco más sobre Derecho de la Competencia.

También nos genera frustración y vergüenza cuando los amigos nos comparten su decepción porque Guatemala aún no ha adoptado una ley de competencia, y las personas que conocemos por primera vez nos expresan su incredulidad porque somos el único país latinoamericano que aún no cuenta con dicha legislación.

Y es que desde la Constitución de 1945, pasando por las de 1956 y 1965, hasta la actual de 1985, se han prohibido los monopolios y privilegios, así como las conductas anticompetitivas, dejando a las leyes determinar lo relativo a esta materia. Sin embargo, aún no ha sido aprobada una legislación integral que prohíba y sancione de manera disuasiva las prácticas de cartel y el abuso de posición dominante, y la promueva a través de acciones que generen una cultura de cumplimiento, por parte de los agentes económicos y del mismo Estado. Para colmo, hace un año venció el plazo que Guatemala tenía frente a la Unión Europea para adoptar una ley de competencia.

Todos perdemos por no tener una ley de competencia. Pierden los consumidores que podrían estar sobrepagando bienes y servicios, por virtud de acuerdos de fijación de precios y repartición de mercados. Pierden también los agentes económicos —aunque algunos no estén conscientes de ello—, al adquirir insumos y materia prima en condiciones de competencia inexistente, afectando así su eficiencia y competitividad. Por último, pierde el Estado en las licitaciones viciadas por colusión.

Hoy día, a nivel internacional, se debate sobre si las prácticas colusorias deben criminalizarse —de hecho, además de los Estados Unidos, en México y Chile tales prácticas constituyen delitos—, de cómo la defensa de la libre competencia junto con otras políticas públicas puede coadyuvar a reducir la pobreza e inequidad, o de cómo la corrupción, la inestabilidad e incertidumbre políticas, la cooptación por parte de los agentes económicos, la escasez de capital humano especializado y el difícil acceso al sistema financiero constituyen barreras de entrada que deben considerarse en el análisis de conductas y concentraciones.

Mientras tanto, en Guatemala se ha “consensuado” políticamente un pliego de enmiendas, algunas de ellas sin rigor técnico, que le arrebatan dientes y músculos a una iniciativa ley, que por cierto ha quedado relegada en la agenda legislativa. Además, se ha apelado a la retórica del miedo y la desinformación. Y aquí estamos, 72 años después del primer mandato constitucional y a uno de haber vencido el plazo para cumplir el compromiso adquirido, sin contar con política ni legislación de competencia.

Cierro citando al economista Luigi Zingales —profesor de la Escuela de Chicago—, en su ensayo Hacia una teoría política de la empresa, al afirmar que la concentración de mercado puede fácilmente conducir a un círculo vicioso, donde el dinero es usado para obtener poder político y el poder político es usado para hacer dinero. La mano visible…