En inglés, la palabra guerra, war, se diferencia de warfare, referida a la hostilidad guerrera. Por eso, un grupo de estudiosos acuñó la palabra lawfare. Se puede traducir como uso hostil de la legalidad. En castellano se necesita una frase: agresión dañosa con reclamos de ley retorcidos. Se diferencia del litigio malicioso, pues posee una mayor amplitud. Este último consiste en generar obstáculos para dilatar los procesos; mientras, el primero se asienta en enmascarar una agresión política con un pretexto legal.

En la academia norteamericana tiene un uso ambiguo. Lawfare surgió en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, en una de sus unidades académicas, el Carr Center para política sobre derechos humanos. Los politólogos utilitarios de derecha lo llaman litigo estratégico, con el mismo justifican la judicialización de la política; mientras los críticos de izquierda usan Lawfare indicando el abuso del sistema jurídico con fines oligárquicos depravados.

La perversión legal como arma política ha sido ampliamente descrita por Emir Sader, el exsecretario de Clacso de 2006 a 2012, cuando refirió la defenestración en Brasil de Dilma Rousseff, y la inhabilitación de Luiz Inácio Lula da Silva como candidato presidencial. Ha sido un arma neoliberal donde esconde su fracaso. Se realiza un ataque preventivo con el objeto de evitar un cambio de dirección social.

Los políticos corporativistas de derecha, los fachos, se suman a la justa lucha contra la corrupción para asegurar sus privilegios. Simulan ser partidarios del gobierno honesto buscando destruir la imagen pública de sus adversarios políticos. Para el efecto, combinan acciones legales sin base, con una cobertura mediática debida al horror a la izquierda en muchos medios de comunicación masiva, o por ser directamente herederos de la potencia triunfadora en la Guerra Fría. El resultado consiste en debilitar a la oposición, magnificando una vulnerabilidad construida.

Sostienen que la corrupción estatal debe extirparse. Ponen de ejemplo a las buenas prácticas de los empresarios, caracterizándolos como transparentes y eficientes. Sin mencionar las mañas monopólicas y el capitalismo de amiguetes. Se ataca a la gestión pública de estar ligada al derroche. Los políticos son echados en un mismo saco, sin reconocer diferencias de ideología. Todos buscan su enriquecimiento. Cuando se entrevista a un diputado, no se recuerda su partido pero se proscribe el transfuguismo; tampoco se refiere a actuaciones políticas anteriores. De esa cuenta, un patrocinador de sistemas permeables a la influencia de grupos de presión para nombrar funcionarios se convierte una y otra vez en proponente de reformas que facilitan la intromisión de oenegeros representantes de los intereses más oscuros del país y de inconfesables patrocinios internacionales.

En todo esto ayudan los santones izquierdosos y sacerdotes del stalinismo trasnochado. Las condenas son doctrinarias y abstractas; jamás se ofrecen pruebas. Nunca indican los nombres y apellidos de los propietarios o al menos las sociedades anónimas que consideran nefastas. Denuncian actividades agrícolas, mineras y comerciales en el país, pero no las atacan en los países donde reciben patrocinios. Mucho menos señalan personajes aliados a esos negocios. En consecuencia, nada impide a semejantes hidalgos pasearse con la espada desenvainada en los foros televisivos y promover palabritas precedidas de numerales, donde aparentan luchar contra la corrupción y apoyar a los semidioses infalibles constructores de la culpa judicial, a través del lawfare.

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