Durante mucho tiempo las discusiones sobre la justicia estuvieron acaparadas por los abogados. Así, temas tan cruciales como la integración de las Altas Cortes y de las salas de apelaciones, la elección de Fiscal General e incluso la designación de los comisionados en los órganos de postulación se dirimían entre el gremio y las redes de abogados y la población permanecía ajena a estos procesos.

Aquella idea de “despolitizar” la elección de las magistraturas y del MP y trasladar a la academia el peso central de la decisión terminó por convertir a las universidades y al colegio de abogados en botines políticos y provocó, entre otros males, la proliferación de facultades “de cartón” con poquísimos o ningún estudiante o egresado o, peor aún, con un sinnúmero de graduados sin las calidades profesionales necesarias para ejercer pero con un montón de votos para asegurarse el triunfo de sus planillas en las elecciones gremiales y, por supuesto, con un lugar en las comisiones de postulación.

Ya se enojaron conmigo en la elección anterior de Fiscal General, cuando me referí a las universidades “patito” o “de garaje” y supongo que la afirmación volverá a molestar, pero ante la evidencia y la recurrencia del problema, vale la pena recordar que es necesario transformar la manera en la que en este país se sigue eligiendo a las cabezas del sistema de justicia.

Los avances que hemos tenido se han dado gracias a un grupo de funcionarios fiscales y judiciales que como excepción confirman la regla, al trabajo de una comisión internacional que ha contribuido a destapar las cloacas público-privadas del sistema y a la movilización y fiscalización ciudadana.

Si en los procesos anteriores las presiones eran enormes, ahora que muchos personajes de sectores poderosos —político, económico, jurídico, militar, criminal— enfrentan procesos penales o están asustados porque pueden ser investigados, son infinitamente mayores. Su meta es la designación de un fiscal general que le baje volumen a la lucha contra la corrupción y la impunidad y para eso están trabajando a todo vapor.

El primer objetivo es que en el listado se incluyan suficientes opciones de personas con vínculos con estos sectores y con una trayectoria proclive a garantizar la impunidad, de manera que a Jimmy Morales se le facilite la decisión. (A la hora de escribir esta columna aún no se conoce la lista de 6).

El segundo objetivo es asegurarse que a la hora de elegir, el mandatario lo haga como “papá”, como “hermano”, como “ex secretario general” de un partido señalado de recibir financiamiento ilícito y no como presidente y representante de la unidad nacional. Mucha razón tiene el exfiscal Julio Prado cuando afirma que será muy difícil para Morales “apartar la emotividad en esta elección” teniendo a un hijo y a un hermano que enfrentan un juicio penal y afrontando él mismo varias solicitudes para despojarlo de su inmunidad.

Lo positivo es que a partir de estos casos e investigaciones la gente empezó a involucrarse y a comprender que la justicia no es un tema que competa con exclusividad a las y los abogados, sino un asunto de toda la sociedad. Por eso la movilización del 12A, las manifestaciones públicas para exigir un/a fiscal independiente e intachable y la sala de vistas de la CSJ abarrotada de gente para conocer el listado final de la comisión.

Los señores de la impunidad están moviendo sus piezas en el tablero, el contrapeso solo puede venir de la mano de la articulación y movilización ciudadana. Es eso o nos ganan la partida.

@MarielosMonzon