Dos años y medio han pasado desde cuando los guatemaltecos comenzaron a desbordarse en un sentimiento de rechazo masivo a la corrupción. A causa de la tradicional actitud casi pusilánime, era una muestra de hastío y por ello se dieron numerosas protestas todos los fines de semana, las cuales constituyeron una muestra del civismo nacional, al ocurrir sin un solo hecho de violencia y sin dejar en el parque central una sola basura. No debe extrañar el tiempo de gloria y de felicitaciones internacionales a los ciudadanos. Como era lógico, la esperanza era de una justicia pronta, y pocos estaban preparados para la andanada de recursos y de acciones dirigidas a atrasar los procesos, pese a lo cual estos continuaron a su tradicional paso lento.

Las declaraciones de Juan Carlos Monzón, tanto del martes como del miércoles y de ayer, han provocado el más grande asombro ciudadano, al comprobar hasta dónde llegaron las burdas acciones para el pillaje del Estado, y cómo los principales protagonistas dieron muestras de haber perdido la cabeza. Ya se sabía del tema de “la cooperacha” para los regalos a Otto Pérez Molina, y cómo sus ministros tenían claro no poder negarse a dar miles de dólares en efectivo u otras formas de pago. Además de estos personajes, ahora resultan involucradas empresas, como Pollo Campero, así como La Mariposa y Tigo, estas últimas con sus personajes Guillermo Mata, Mario López Estrada, respectivamente, quienes ya comenzaron la dura tarea de su defensa.

En resumen, hablar de la decisión de pillaje total con los dineros del país, no es exagerado, ni tampoco de señalar el mareo politiquero demostrado con casos como el de la petición de Roxana Baldetti para provocar un apagón en el Congreso cuando el grupo patriotista estaba siendo derrotado en una elección. Si a eso se agrega la pócima mágica para limpiar en pocas semanas el lago de Amatitlán, el show de la harina lanzada contra ella en el parlamento, y un larguísimo etcétera, solamente son pruebas de la verdadera razón de haber creado ese grupúsculo político: saquear al país, con la ayuda de personajes como el ministro Sinibaldi, entre otros, aunque el precio fuera terminar de desprestigiar a la clase política, al Congreso, al Gobierno y al Ejército.

Una de las preguntas más importantes se refiere a por qué se supo de estos robos increíbles, si esto es bueno para el país y si las investigaciones del MP y la Cicig tienen alguna relación con esto. La respuesta positiva a una o las tres preguntas obliga a pensar, desde una perspectiva ética, si son correctas esas acciones en sí mismas y también a sus consecuencias. No hay espacio siquiera para pensar en aspectos ideológicos, porque no hay criterio de este tipo capaz de justificar el pillaje, en especial en un país con las carencias de las existentes en Guatemala. No se puede olvidar tampoco otro asunto. Muchas de las consecuencias de acciones similares en otros países son aceptadas como naturales por la población. Quien es pillado, lo paga.

Hay un caso causante de satisfacción social. Varios empresarios de alguna manera involucrados en corrupción, como lo admitieron, recibieron una condena conmutable, deben resarcir con carreteras no construidas y sus nombres serán colocados en los rótulos al lado de estas, lo cual constituye un castigo muy duro, pero justificado, aunque la confesión resulta ser un acto de valentía, a mi parecer sin precedente en nuestra historia. En medio de todo esto, el pillaje de los politiqueros, muchos de ellos ahora escondidos bajo las naguas del Congreso, aun espera castigo y al menos una picota social. El enriquecimiento súbito ya no es una listura digna de aplauso. Parece haberse dado el primer paso al temor de exposición pública del nombre de los culpables.