La calamitosa situación nacional, motivada por la mala gestión pública, la irresponsabilidad y la inmoralidad de demasiados funcionarios, se ve de pronto agravada por problemas que, stricto sensu, deberían ser menores y de rápida solución, aunque de pronto se convierte en nuevas fuentes de zozobra y causa de millonarias pérdidas para empresarios y para el propio Estado.

Esto arroja la nueva crisis en el principal puerto marítimo de embarque y de desembarque del país, donde el vencimiento de un contrato por el servicio de grúas ocurrió sin las debidas previsiones, con lo que la capacidad portuaria se redujo de manera sensible, lo que de inmediato creó una vergonzosa fila de barcos en espera para descargar los contenedores.

La inoperancia de una parte de las grúas y la tradicional negligencia burocrática han producido enormes daños a usuarios de esa terminal marítima, con las consiguientes molestias y pérdidas económicas para empresarios y consumidores, en una nueva e incomprensible muestra de dejadez, corolario de una cultura marcada por la incapacidad, la corrupción y la irresponsabilidad.

El manejo de las instalaciones portuarias y concesiones para descarga de mercadería ha estado rodeado por una conducta pública y privada que roza la ilegalidad, y son varias las denuncias por contratos en favor de financistas de presidentes, muchos con años de manejar los hilos de negocios oscuros.

Guatemala sigue dando pasos hacia atrás en la administración pública, los cuales han sido gigantescos desde la instauración de este gobierno. Por ello resulta vergonzoso siquiera corroborar que un contenedor pueda ahora demorar hasta ocho días para salir de las instalaciones de Puerto Quetzal, con el consiguiente perjuicio para las empresas que quedan a merced de la ineficiencia.

Ese retroceso se complementa con el deterioro en la atención en Puerto Santo Tomás, donde también las precarias condiciones hicieron que una de las mayores navieras del mundo cancelara operaciones en esa terminal. Esto supone un enorme revés para las finanzas públicas y una mancha más en el desprestigiado sistema portuario nacional, que nunca ha podido estar a la altura de las circunstancias y ha sido una de las mayores fuentes de corrupción.

Vale recordar que en Puerto Quetzal fue donde se logró desmantelar una de las mayores estructuras criminales, encabezada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, sus principales asesores, varios empresarios y particulares. Ese negocio incluso les permitió a varios de ellos amasar fortunas y bienes, como lo acaba de denunciar el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, quien a raíz de sus informaciones obtuvo un castigo simbólico y recobró su libertad.

De hecho, una denuncia concreta presentada por APM Terminals atribuye a una nueva medida de inspección de la Superintendencia de Administración Tributaria la demora en el flujo de contenedores, lo cual evidencia la negligencia, improvisación y escaso criterio de las autoridades para prever el desenlace de una crisis que ya tiene repercusiones económicas negativas para los empresarios y, en consecuencia, sobre la recaudación fiscal.