Los actuales magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) desnudaron en toda su dimensión la problemática del poder judicial en el cual existen elecciones ilegales, presiones para conseguir medidas sustitutivas y el uso del recurso de amparo para evadir el proceso de antejuicio. Al anular la elección de Silvia Valdés como presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la CC puso en evidencia cómo en el más alto nivel del organismo llamado a defender la justicia se llevó a cabo un hecho inconstitucional. Al rechazar dos amparos interpuestos por Blanca Stalling, el máximo tribunal permitió que el proceso de antejuicio contra esta magistrada siguiera su curso normal, al igual que en el caso del fallo provisional que denegó el amparo del diputado Édgar Faustino Ovalle, uno más de los que ha interpuesto para evitar el despojo de su inmunidad parlamentaria para enfrentar como ciudadano común los delitos de lesa humanidad que le imputan.

El origen viciado de la elección de varios de los magistrados de la CSJ estaría detrás de la forma en que han actuado con total falta de ética e impunidad. En el proceso de escogencia de magistrados del 2014, Roberto López Villatoro, alias el Rey del tenis, habría logrado colocar como magistrados a Vitalina Orellana, Douglas Charchal y Silvia Valdés. Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Herrera, operadores de la alianza PP-Líder, habrían conseguido ubicar a Blanca Stalling y Vladimir Aguilar, entre otros. La intromisión de esas redes de cooptación de la justicia ha llevado a la CSJ a su nivel más bajo de credibilidad. Charchal se encuentra en prisión, Aguilar tuvo que renunciar, Stalling está en proceso de antejuicio y Valdés acaba de perder la presidencia. Más aún, la magistrada María Eugenia Morales denunció ante el MP que cuatro magistrados, entre ellos Orellana y Valdés, trataron de proteger el año pasado a seis diputados, entre ellos Luis Rabbé y Arístides Crespo, de procesos de antejuicio en su contra.

Uno de los casos emblemáticos que ha manchado la imagen de la CSJ se libra ahora con Stalling. Durante su comparecencia ante la comisión pesquisidora del Congreso, la magistrada juró por Dios que nunca había citado a su despacho al juez Carlos Ruano, quien presentó una denuncia en el MP porque ella lo habría presionado para lograr una medida sustitutiva a favor de su hijo que guarda prisión. El problema es que mintió porque la oficial mayor de la Secretaría de la CSJ, Karla Santizo, aseguró el lunes pasado que fue ella quien llamó al juez Ruano para informarle que debía presentarse en el despacho de la magistrada, por órdenes del secretario de la CSJ. A su vez, la secretaria de Stalling confirmó que el juez llegó a la oficina de aquella y estuvieron hablando alrededor de una hora.

Stalling ha tratado de desviar la atención de su caso para lograr apoyo de los diputados al denunciar una supuesta estrategia para cooptar el sistema de justicia. Según ella, existe un plan desestabilizador para que alinee en favor de intereses espurios del MP y la Cicig. Ella misma se asume como víctima de esa campaña de terror que solo existe en su cabeza. Aunque sus palabras puedan caer en terreno fértil entre diputados que temen ser llevados ante la justicia por hechos de corrupción, lo cierto es que es, precisamente, al contrario. Stalling forma parte de esa estructura de impunidad que ha llevado a la CSJ a su implosión y su nivel más bajo de credibilidad. Ante ese panorama solo una reforma de fondo podría rescatar el sistema de justicia de una mayor debacle.

@hshetemul